La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que determina que la responsabilidad por las ordenes de suspensión provisional emitidas en investigaciones disciplinarias recae únicamente en el funcionario que la emitió (inciso 3º del artículo 157 del Código Disciplinario Único); ello siempre y cuando no comprometa la responsabilidad patrimonial del servidor, es decir que no deba ser este quien asuma, eventualmente, el pago de los salarios dejados de percibir por el suspendido ni que se excluya al Estado de ese deber, en caso de generación de daño antijurídico a favor del disciplinable. La ponencia será presentada por el magistrado Alberto Rojas en próximos días.