La Corte Constitucional declaró inexequible la facultad otorgada al Ministerio de Minas y Energía para regular el precio de los combustibles mediante un fondo de estabilización (literal c) del artículo 101 de la Ley 1450 del 2011). La alta corporación determinó que, por tratarse de una contribución parafiscal, el Gobierno no tenía esta facultad, por cuanto se trata de un asunto con reserva legislativa en cabeza del Congreso. La Procuraduría había solicitado a la corporación declararse inhibida para examinar de fondo la disposición, aunque le había instado a exhortar al Legislativo para expedir normas que evitaran las fluctuaciones en el precio de la gasolina. Cinco de los magistrados respaldaron la declaratoria de inconstitucionalidad, en tanto que dos de los integrantes de la sesión compuesta por siete de ellos salvaron su voto.