El Consejo de Estado accedió a la solicitud de la Procuraduría de dar prelación a la demanda mediante la cual se pretende dejar sin efectos la norma del registro único de operadores de televisión abierta que obliga a los aspirantes a que sus socios o accionistas con nivel decisivo demuestren ser propietarios, arrendatarios o que guardan un vínculo similar con varios de los equipos necesarios para ejecutar la operación (artículo 12 del Acuerdo 001 del 2008). Para la Sección Primera, se acreditan las razones de importancia jurídica y trascendencia social que ameritan la aplicación del artículo 16 de la Ley 1285 del 2009 (C. P. María Claudia Rojas).