La Sección Primera del Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el Distrito Capital en contra el Decreto 934 del 2013, que reglamentó el artículo 37 del Código de Minas (Ley 685 del 2001) y les prohibió a los departamentos y municipios establecer zonas excluidas de minería.

La pretensión principal de la acción se fundamenta en que la norma desconoce el principio de rigor subsidiario y no regresividad, viola de manera arbitraria y protuberante la Constitución al invadir la autonomía municipal para regular el uso del suelo y, además, no surtió el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas. La ponencia será presentada por la consejera María Elizabeth García.

Por su parte, la Corte Constitucional también admitió una acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 2º y 3º del mismo decreto.

Según el demandante, estas disposiciones infringen los artículos 288, 311 y 313 de la Carta Política y la Sentencia C-064 de 1998, sobre la competencia de ordenación territorial de los concejos municipales. El reparto de este asunto le correspondió al magistrado Mauricio González Cuervo. 

Precisamente, en junio pasado, la Secretaría de Ambiente de Bogotá anunció que la administración distrital demandaría ante el Consejo de Estado la norma en mención, por considerar que desborda el régimen constitucional, legal y jurisprudencial en materia de autonomía y ordenamiento territorial.

Según la entidad, la disposición desconoce que la sabana de la ciudad es un ecosistema de importancia ecológica nacional, cuya vocación prioritaria es agropecuaria y forestal.