El Ministerio de Defensa radicó ante el Senado de la República un proyecto de ley que reestructuraría la justicia penal militar, con el fin de incorporar el sistema penal acusatorio a esa jurisdicción.

La iniciativa plantea crear una Fiscalía General Penal Militar y Policial, que  tendría a cargo la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de las actividades que desarrolle la policía judicial, en los términos previstos en el Código Penal Militar.

Además, se crearía un cuerpo técnico de investigación con funciones de policía judicial, criminalística, manejo de la información y apoyo a la administración de la justicia penal militar o policial, en los casos de su competencia.

La propuesta define los requisitos para ser magistrado de tribunal superior militar, juez de conocimiento, juez de control de garantías o juez de ejecución de penas, entre otros cargos. Así mismo, propone la creación de juzgados penales militares o policiales de conocimiento especializado, que tendrían competencia en todo el territorio nacional.

Los tribunales conocerían delitos como homicidio, infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario, la protección de la información y de los datos, la fe pública, la administración y la seguridad pública,  entre otros.      

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses prestaría apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por la justicia penal militar o policial, y al imputado o su defensor, cuando lo soliciten.

Finalmente, se propone la creación de la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial, como centro de formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de esa jurisdicción.

(Senado de la República, Proyecto de Ley 085/13S, sep. 11/13)

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