Fiscal General carecía de competencia para decidir que todos los “falsos positivos” pertenecen a la jurisdicción ordinaria: Procuraduría (8:16 a.m.)

Ante el Consejo de Estado, la Procuraduría demandó la Directiva 001 del 2013, mediante la cual el Fiscal General de la Nación impartió órdenes para adecuar la actuación del ente investigador a la reforma a la justicia penal militar (Acto Legislativo 01 del 2012). A su juicio, este organismo asumió competencias reglamentarias y de interpretación de la norma constitucional reformada que no son de su resorte, al ordenar que los llamados casos de “falsos positivos” que se investiguen en la jurisdicción penal militar sean trasladados a la justicia ordinaria. El Ministerio Público aclaró que el artículo 4º transitorio del acto legislativo se limitó a ordenar la identificación de los procesos que cursan en la jurisdicción ordinaria y, según su similitud con la naturaleza de actos propios del servicio, el traslado para el conocimiento de la justicia castrense. Según la Procuraduría, el jefe del ente investigador no tenía facultades para expedir la directriz, pues la orden comprendía una tarea coordinada con la justicia penal militar para identificar los procesos que estaban siendo tramitados en la jurisdicción incorrecta.