Los conflictos internos de la población indígena presentados en el ámbito electoral deben ser resueltos por ella, salvo que exista una vulneración evidente de los derechos fundamentales, señaló la Corte Constitucional. Al respecto, indicó que cualquier intervención de las autoridades en esos asuntos es una intromisión violatoria a sus derechos a la autonomía política y diversidad étnica y cultural. Además, la administración tiene restringido su campo de acción, porque su función es presenciar el trámite de posesión de las autoridades tradicionales de una comunidad, sostuvo el alto tribunal (M. P. Jorge Iván Palacio).