El Consejo de Estado señaló que la responsabilidad por la disposición de residuos sólidos recae en las entidades territoriales y no en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A esta cartera, aclaró el alto tribunal, solo le corresponde dictar políticas y regulaciones generales para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Por otra parte, la corporación reiteró que el acatamiento de una orden judicial no puede dilatarse arguyendo la falta de disponibilidad presupuestal (C.P. Guillermo Vargas Ayala).