La Contraloría de Bogotá advirtió sobre un detrimento patrimonial en la ciudad superior a los $ 43.329 millones, teniendo en cuenta que el aporte de los predios conocidos como San Victorino y Plaza de la Hoja, a título de subsidio familiar en especie, no es financieramente viable para construir viviendas de interés prioritario VIP, pues cada una de las unidades superaría los 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes establecidos por el Gobierno Nacional, sin tener en cuenta los gastos de urbanismo. Según el ente de control, no es coherente que, existiendo un alto déficit de construcción de vivienda, la administración distrital no haya podido superar las limitantes en materia de habilitación de suelo, privando de solución de vivienda gratuita a cerca de 8.110 hogares.