El Consejo de Estado determinó que las dificultades que enfrentaban los ganaderos de Vista Hermosa, La Uribe y Mesetas (Meta) por las alteraciones al orden público que generaban los grupos armados al margen de la ley se agravaron con la determinación del Gobierno de entonces de ordenar el despeje de la fuerza pública, a fin de adelantar diálogos de paz con la guerrilla. De ahí que la corporación haya condenado a la Nación al pago de más de $ 8.800 millones a favor del Fondo Nacional de Ganaderos del Meta, como reparación por el robo de semovientes. Para la Sección Tercera, el hurto de las 6.609 cabezas de ganado del que fueron víctimas los demandantes se dio como consecuencia del amparo fáctico de las actuaciones del grupo ilegal. Según la sala, los actores no contaban con herramientas ordinarias para la defensa de sus derechos (C. P. Mauricio Fajardo).