Las normas del plan de ordenamiento territorial (POT) son de orden público y aplican inmediatamente, incluso a situaciones consolidadas ante de su entrada en vigencia, advirtió la Sección Primera del Consejo de Estado. En todo caso, bajo el principio de primacía del interés general sobre el particular, no es jurídicamente viable adquirir derechos sobre el uso del suelo, concluyó el fallo (C. P. María Elizabeth García).