El juez de conocimiento podrá disponer la práctica presencial de la prueba cuando lo considere necesario.

Cuando por un error atribuible a una entidad se concede un derecho a quien no cumplía los requisitos legales no es posible que se valga de su incuria para recuperar las sumas percibidas de buena fe.

Más de $ 26 mil millones serán distribuidos en 10 municipios del país.

Se suspende cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la segunda vuelta, si es el caso.

Explican que la relación entre beneficiarios y prestadores de servicios públicos domiciliarios es contractual.

La Resolución 244 del 2019 no excluyó expresamente las sillas de ruedas manuales, por lo cual se entiende expresamente incluidas en el PBS.

La suspensión del término para notificar el requerimiento especial se condiciona a la existencia real de la inspección tributaria.

A partir del 1º de noviembre del 2021, los prestadores deben aplicar lo previsto en los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994.

Han trascurrido 22 años desde que se dispuso la obligación a la Superintendencia de Notariado y Registro y la entidad ha incumplido con el mandato.

Luego de que Minhacienda restringiera las transacciones por ventanilla, todos los pagos de costos de reproducción se deberán realizar a través de PSE del portal oficial del Banco Agrario.

El Consejo de Estado estudió un caso en el que se nombró a una funcionaria sin cumplir con los requisitos para el cargo.

Entes territoriales no pueden excusar su responsabilidad alegando que la comunidad que sufre el riesgo es responsable de su causación, pues nada exonera a la autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

Un empleado está en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios y atiende determinadas actividades especiales.

Exequible por garantizar la dignidad y bienestar de las personas condenadas.

La Sentencia C-218/15 declaró inconstitucional la fórmula prevista por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Durante este mes, la tasa de desempleo en mujeres fue 5,2 p.p. superior a la registrada en los hombres.

La compañía está autorizada para emitir, suscribir y colocar bonos hasta por $ 405.092.036.045.

El criterio para determinar la inscripción considera, entre otros factores, la realización de la actividad económica.

Los emisores deberán remitir, a más tardar el 3 de octubre del 2022, un plan de implementación que contenga las actividades específicas para dar cumplimiento a la instrucciones.

El Ejecutivo reglamentó las condiciones para la prestación del servicio de transporte escolar en virtud del número de habitantes del municipio en donde se requiera su contratación.

La segunda jornada electoral para definir el próximo Presidente de Colombia se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

A pesar de las múltiples críticas que se han realizado a la legislación que se expide como solución a episodios puntuales de corrupción en la contratación con dineros públicos, el legislador sigue insistiendo en aprobar normas sobre gestión contractual del Estado.

El egresado tendrá que prestar su servicio por un año, conforme lo dispone la Ley 1164 del 2007.

Padres biológicos podrán cobrar de manera simultánea la cuota monetaria, si la sumatoria de las remuneraciones no supera cuatro SMLMV.

La Corte Constitucional expresó preocupación porque se utilizan mecanismos de flexibilización laboral para evadir obligaciones con las trabajadoras en estado de embarazo.

La pretensión de usucapión del comunero respecto de las cuotas de los condueños para salir avante exige de un esfuerzo demostrativo mayúsculo por la especial condición que las caracteriza.

La Corte Constitucional ordenó el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por adopción a un menor venezolano a cargo del ICBF desde hace más de dos años.

Administración de los bienes dispuestos para que funcionen las instituciones educativas está a cargo del rector, bajo orientaciones del consejo directivo.

La modificación se realizó por solicitud de la compañía, tras evidenciar que en caja existen recursos por mayor valor a los aprobados.

Sin lesionar el principio de congruencia, es posible que el juez profiera sentencia por un comportamiento punible distinto al consignado en la acusación.

Dentro de las funciones se excluye de manera taxativa la de participar en los procedimientos administrativos de la entidad.

Para el demandante, la norma acusada vulnera el debido proceso y cinco artículos de la Constitución Política.

La medida iniciará a las 6: 00 p. m. de este sábado y hasta las 12 p. m. del lunes 30 de mayo.

ÁMBITO JURÍDICO ofrece el paso a paso para participar en esta importante jornada democrática.

Dar prelación a la exigencia de convivencia plasmada en la ley o en la jurisprudencia constituye un escenario que revictimiza a quienes fueron afectados por hechos de violencia.

Es necesario que el máximo órgano social apruebe la forma como se realizará la operación y el avalúo de los bienes que se van a entregar.

Declaran la inexequibilidad por violación de la unidad de materia al vulnerar las competencias de los Concejos Municipales y Distritales.

Sancionan a abogado por haber ejercido al representar a un indiciado en proceso penal, estando suspendido.

Las directrices solo aplicaran para vehículos de transporte público y particular de carga, público de pasajeros y mixto; remolques y semirremolques.

Para la conversión de la tenencia en posesión a iniciativa del poseedor es indispensable la realización por su parte de actos claros, contundentes e idóneos, ostensiblemente indicativos del cambio.

Las empresas que deseen obtener el reconocimiento deberán pagar a sus proveedores en plazos menores o iguales a 45 días calendario.

En todo caso, deberá presentar su renuncia y la misma ser aceptada antes de la inscripción de su candidatura.

Corresponde a los proveedores suministrar en todo momento información cierta, suficiente y clara de los productos que ofrecen.

Los siete nuevos municipios contarán con los servicios virtuales de la plataforma entre mayo y agosto del 2022.

¿Desde cuándo se debe contabilizar el término para pedir la anulación de un laudo arbitral del que se solicitó su aclaración, adición o corrección?

Ordenan al INS y al Ministerio de Salud modificar el lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia.

Falta de legitimación en la causa por pasiva de herederos en acción de repetición.

Conozca el caso del diputado que respaldó la candidatura a la gobernación de una persona que no fue inscrita ni avalada por su organización política.

El régimen laboral especial de los empleados DAS fue incorporado para los de la Unidad Nacional de Protección.

La investigación se da por uso de “cookies” que se guardan en los teléfonos para recolectar datos personales y rastrear comportamientos.

Dichos instrumentos deben ser interpretados a la luz de principios y fines que son superiores a los que persigue la Ley 996 del 2005 (Ley de Garantías).

La Auditoría General fijó el puntaje crítico o punto de corte en 70 puntos.

La convocatoria busca seleccionar hasta 40 profesionales.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronuncia sobre esta posibilidad de fusionar ante inquietud del Ministerio de Hacienda.

La ciudadanía tendrá plazo de dar a conocer sus observaciones por la página del DNP, hasta el 7 de junio.

Se considera adquirida en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.

Deben considerarse los ingresos exentos del impuesto sobre la renta señalados en el artículo 206 del Estatuto Tributario.

Luego de la polémica suscitada por la no inclusión de los testigos electorales en el Decreto 830, el Gobierno confirma sus lineamientos.

Cuando las condenas impuestas superen la cuantía del proceso de única instancia esto debe tenerse en cuenta al momento de pronunciarse sobre recurso de apelación.

Conforme a la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, la aplicación del principio iura novit curia y de la tutela judicial efectiva se reconoce pensión de jubilación a persona sin estatus pensional.

El contrato de mutuo dispuesto en el Código Civil no corresponde a una venta de bienes y/o prestación de servicios.

El título de imputación aplicable en asuntos médico sanitarios es el de falla probada del servicio, por lo que el demandante debe acreditar el daño y probar la falla del acto médico.

Conozca en esta nota cómo actualizar el domicilio profesional de abogado.

Supersalud modifica las fechas de entrega del informe y realización de auditorías a entidades prestadoras de salud.

La Organización de Estados Americanos le otorgó este reconocimiento, que le permite continuar con la protección de derechos humanos y garantías judiciales.

No le es dable al interprete realizar distinciones donde la disposición normativa no lo hace expresamente.

Los abogados deben respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.

Este registro permite conocer el número de personas en situación de discapacidad y sus condiciones de vida.

Se debe analizar si el reglamento de propiedad horizontal consagra reglas específicas sobre el particular, así como las facultades de la asamblea.

Existen amenazas como la estigmatización del sector empresarial en el discurso oficial, el exceso en la potestad reglamentaria y el desconocimiento de la seguridad jurídica y la confianza legítima.

Es contrario al respeto a la dignidad humana que un médico ordene el suministro de insumos y no cumpla con las obligaciones que le corresponde realizar para materializarlo.

Con el fin de facilitar el acceso a los servicios e información de las entidades del Estado, los funcionarios están en la obligación de trabajar para la eliminación de cobros no autorizados legalmente.

La asignación de delegados para el acompañamiento y seguimiento al proceso electoral, entre las medidas anunciadas.

Quien se abstiene podría estar manifestando que la decisión colectiva debe orientarse en el sentido de que no se produzca una decisión.

Al no contar con el concepto vinculante previo a la autorización del peaje y la fijación del cobro de la tasa a los usuarios de la ruta se declaró la nulidad del acto administrativo demandado.

Los trabajadores no sindicalizados por la voluntad de estos de adherirse al acuerdo extralegal.

Los abogados están compelidos a adecuar su actuación profesional bajo criterios de prontitud, rapidez y velocidad.

La entidad que tiene conocimiento de amenazas o una situación concreta de riesgo debe dar protección y seguridad.

La sanción moratoria no se puede extender a los eventos en que hubo lugar a un reajuste de las cesantías por inconsistencia en el monto liquidado o discutido al tiempo de liquidación.

Dicho trámite aplicará para el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional.

Una vez se publique la lista de elegibles definitiva, el provisional deberá ser retirado o, si es prepensionado, ser reubicado si es posible.

En un comunicado, el ente acusador que no participa de grupos en redes sociales para promocionar material útil para sus pruebas.

El Consejo de Estado declaró la improcedencia del medio de control por falta de acreditación de una causa común que hubiere afectado a 20 personas o más.

El Ministerio de Transporte modificó el Decreto 4165 del 2011.

Se evidenciaron conductas como incluir cláusulas abusivas que limitaban la responsabilidad del operador y desconocer la titularidad de las líneas.

La Corte Constitucional consideró que debe continuar con la articulación progresiva de los procesos para la atención educativa a la diversidad de estudiantes.

Superservicios modificó los términos para la atención de las peticiones de los usuarios, estipulados en el Decreto 491/20, y retomó los plazos previstos en la Ley 1437/11.

El interesado en que se reglamente el asunto debe realizar la solicitud al mandatario del municipio donde esté ubicado el inmueble.

Explican por qué la nulidad del trámite solo procede contra las actuaciones de los jueces, que sí son vinculantes.

No puede evadir su responsabilidad expresando que confió a sus empleados la tarea de renunciar a los poderes, puesto que el deber principal recae en el profesional.

Se deberá pedir perdón públicamente al pueblo Wounaan, por el daño causado durante su desplazamiento.

La celebración de contratos para la destrucción y/o chatarrización de mercancías, la organización del gasto de las sentencias y la suscripción de contratos de aprendizaje, entre los ajustes de la entidad.

La Corte Constitucional admitió la acción contra el artículo 39 (parcial) de la Ley 2200 del 2022, sobre la organización y funcionamiento de los departamentos.

La disposición del Código Electoral establece el beneficio de manera clara, sin contemplar excepciones.

La norma aumenta de seis meses a tres años la caducidad de las demandas por acciones derivadas de acoso laboral.

Al omitir el deber legal de asistir a las audiencias programadas donde fungió como defensor impidió que siguiera adelante ese proceso, de manera célere y efectiva.

La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador.

El juez se dirigirá al superior del responsable del agravio y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el procedimiento disciplinario.

La revocatoria directa no opera frente a las declaraciones privadas presentadas por los contribuyentes, pues tales declaraciones no son manifestaciones de voluntad emanadas de una entidad pública.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la política presentada por la Auditoría General de la República.

“Esta maestría es un escenario de formación y discusión académica para todos aquellos que estén interesados en los problemas de la administración de justicia”.

Es deducible por amortización de inversiones el pago que se asume para adquirir el derecho a suscribir un contrato que se realiza para la actividad productora de renta.

La autonomía indígena no puede afectar el núcleo esencial del principio del interés superior de una menor de edad víctima.

El objetivo es orientar a las empresas que derivan su ingreso de dicha práctica deportiva, velando por el cumplimiento de la normativa.

Declaración en cero es una regla que puede establecer la administración municipal en ejercicio de su autonomía.

De acuerdo con el demandante, la norma acusada viola el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual contenida en el principio de dignidad humana.

Con un presupuesto de más de $ 45.000 millones, la nueva política tiene como propósito acelerar el progreso y el crecimiento de los diferentes territorios y la economía del país.

¿Se puede considerar como único empleador cuando este remite al trabajador doméstico a cumplir labores en otras residencias?

Las condiciones que contengan los compromisos de pago serán aquellas que las partes consideren adecuadas a sus posibilidades e intereses.

Inmuebles que fueron baldíos adjudicados a sus ocupantes no podrán ser enajenados si su extensión es mayor a la unidad agrícola familiar de la zona en la cual están ubicados.

Siempre se debe probar la injerencia de la expensa en la actividad productora de renta.

No existe conexión competitiva cuando los productos amparados por los signos confrontados se dirigen a consumidores diferentes, tienen finalidades disímiles, porque no son sustituibles entre sí o porque tampoco son complementarios.

Superfinanciera realizó dicha modificación en medio de las estrategias realizadas para que el país obtenga una recalificación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Explican por qué en el delito de inasistencia alimentaria para la suspensión condicional de la ejecución de la pena no es necesaria la indemnización integral.

Minsalud establece lineamientos para la aplicación de dosis de refuerzo en menores entre 12 y 17 años.

Si existen dudas sobre la relación laboral que causó las cotizaciones le corresponde a los jueces laborales decretar pruebas de oficio para aclarar los hechos.

Es necesario revisar cada caso y establecer, por ejemplo, si resulta afectado el porcentaje que debe estar soportado.

Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales el funcionario debe ordenar su libertad.

Solo pueden considerarse motivos de incompatibilidad o inhabilidad para el ejercicio de la profesión contable consagradas de manera taxativa.

El comité de conciliación decidirá sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos que no dé lugar a investigaciones disciplinarias ni fiscales.

El Congreso deberá superar el vacío normativo que existe para el caso de estos contratos: Corte Constitucional.

Se incumple el deber de diligencia al no subsanar el escrito de demanda en el término otorgado por el juez.

La única acción procedente es la devolución del dinero cancelado a título de precio por el bien o servicio.

De acuerdo con el demandante, el Congreso se extralimitó en sus funciones al adicionar descuentos al seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

Explican cómo se configura el motivo de la terminación del contrato de trabajo con fundamento en el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional.

Con el fin de evitar duplicidad normativa se hicieron varias derogatorias.

El derecho fundamental al ‘habeas data’ procura al máximo su protección, incluso en situaciones de crisis o emergencias sanitarias derivadas de una pandemia.

El legislador dispuso el deber de reglamentar un sistema de presunción de ingresos que es actualmente exigible y no se ha cumplido hasta el momento.

La norma dispone que ninguna persona podrá ejercer como revisor en más de cinco sociedades por acciones.

De acuerdo con el demandante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no hace parte del Gobierno.

Es legal que el DNP vigile y controle la correcta utilización de los recursos con el fin de constatar se cumplan con los objetivos que les ha trazado la Constitución y la ley.

Si el juez laboral advierte que el acto administrativo expedido por el Ministerio de Trabajo es antijurídico no debe simplemente allanarse a él, sino ofrecer la respuesta jurídica que esté acorde a la ley.

Con la Resolución 100-008992 se modifican las facultades de la oficina de control disciplinario interno.

La censura procede cuando no se actúa con la debida diligencia exigida para el cumplimiento del mandato judicial encargado.

La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 388 de 1997.

La Corte Suprema de Justicia aclara si al juez le es imprescindible verificar la validez de la aceptación de cargos a través de interrogatorio personal.

Corresponde al prestador determinar la vía para obtener el resarcimiento por perjuicios en conexiones fraudulentas.

Las regalías se destinaron para incentivar la producción de municipios en cuyos territorios se exploten los recursos naturales no renovables o donde haya puertos marítimos y fluviales por donde se transporten.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra los nueve artículos de la Ley 2181 del 2021.

Para el actor, la norma quebranta el principio de igualdad, el de unidad material y el derecho al debido proceso.

Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad del auditor interno no pueden ser nombrados ni elegidos para cargo alguno.

Exigir pruebas que resultan desproporcionadas e irrazonables vulnera derechos fundamentales del menor.

Las sociedades extranjeras titulares de sucursales constituidas en Colombia son responsables por las obligaciones contraídas en el país.

El asegurador debe hacer entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías.

La UGPP presentó los parámetros para adelantar las labores de fiscalización a los beneficiario, a través de la Resolución 650.

Frente a la pensión de invalidez debe aplicarse la norma vigente para la fecha de consolidación de la situación que origina la prestación.

El Ministerio Público conceptuó sobre disposiciones que desconocen el principio de responsabilidad personal, al contemplar sanciones para los propietarios de automóviles.

Se establece una tasa social de descuento del 9 % efectiva anual.

La exoneración del pago del impuesto al patrimonio se aplica a las entidades que al momento de su causación tengan aprobado acuerdo de reestructuración o de reorganización.

Si lo prefiere, el contribuyente puede descargar la factura y pagar presencialmente en entidades o medios autorizados.

La exclusión de la profesión procede cuando se determina que es una sanción necesaria y proporcional a la gravedad de las conductas por parte del investigado.

Se tuvo en cuenta que la multa se encuentra dentro del máximo legal permitido y su recurrencia en la falta.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo se ostenta está posición respecto al deber de cuidado de un bien jurídico protegido.

Es potestad exclusiva del Congreso de la República fijar, entre otros elementos del tributo, las tarifas.

Los posibles imperfectos deben manifestarse antes de firmar la guía o realizar las anotaciones correspondientes.

La accionante considera que hay vulneración del derecho a la igualdad de los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia del artículo 714 del Estatuto Tributario.

Se presenta una falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado cuando de la conducta del disciplinado configura una presunta estafa.

Con el sello "Segunda Oportunidad" se identificarán las empresas que incorporen dentro de su planta laboral a por lo menos un trabajador que haya sido privado de su libertad.

Con esta medida se podrán aprobar operaciones de redescuento de hasta $ 4 billones con plazos de amortización de 12 años.

Según el accionante, la norma cuestionada desconoce los principios de legalidad y de tipicidad de los delitos.

Los concejales son servidores de elección popular directa que no tienen la calidad de empleados públicos.

La información de la huella balística de todas las armas de fuego con permiso de tenencia y porte ayudará en determinado momento en una investigación judicial de carácter penal.

Según el demandante, la garantía de doble conformidad para altos funcionarios vulnera el principio de igualdad.

Los infractores no suministraron a los consumidores información clara, oportuna y suficiente frente a las restricciones y limitaciones.

Los accionantes consideraron que algunos artículos de la Ley 35 de 1989 desconocen el principio de legalidad y el de culpabilidad.

El conductor es aquella persona habilitada y con capacidad técnica y teórica para operar un vehículo.

El objetivo es impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró las obligaciones de las entidades administradoras de pensiones respecto de sus afiliados.

La Ley 2207 deroga los artículos 5 y 6 del Decreto 491, por lo que se normalizan las respuestas de dichos recursos.

Mintrabajo ordenó adicionar la nueva normativa al Decreto 1072/15, único reglamentario del sector Trabajo.

De acuerdo con la Ley 1123 del 2007, no es posible desistir de los procesos disciplinarios, así el quejoso y el disciplinado hayan llegado a un acuerdo conciliatorio.

Demandan prohibición para inscribir candidaturas en caso de haber sido avalado previamente por partidos políticos.

Al estudiar una acción de tutela, la Corte Constitucional precisó las subreglas para aplicar enfoque de género en casos de violencia intrafamiliar.

La entidad percibe unos ingresos que a la luz del artículo 26 del Estatuto Tributario son susceptibles de producir un incremento neto en su patrimonio.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que garantiza la vigencia permanente de las normas sobre justicia digital.

El reconocimiento de honorarios a los concejales está supeditado constitucional y legalmente a la asistencia comprobada a las sesiones.

La emisión de acciones por parte de una sociedad, independientemente del tipo societario, lleva implícita la titularidad de ellas.

La marca de certificación busca generar incentivos para la formalización y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

Los rembolsos efectuados por un banco a sus clientes o el pago realizado a establecimientos comerciales por concepto de siniestros por fraudes con tarjetas débito y crédito se tratan contablemente como gasto.

Las ARL serán las encargadas de capacitar y asesorar a sus afiliados frente a las modificaciones.

El requisito de convivencia no se descarta por la sola separación de cuerpos de los cónyuges, especialmente si el beneficiario ha sido sometido a maltrato físico o sicológico.

Los demandantes indican que la multa por rechazo del recurso vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

El consumidor de vivienda puede ejercer la acción de responsabilidad solidaria, generada por garantías legales y la protección por producto defectuoso.

Ya son tres las acciones de inconstitucionalidad que admite la Corte Constitucional en contra de la Ley 2197 del 2022.

Los consumidores no pueden estar condenados a soportar de manera indefinida la prestación del servicio técnico.

La suscripción de acuerdos implica el reconocimiento de una deuda por parte del suscriptor y/o usuario y el surgimiento de un nuevo título ejecutivo.

Con la normativa se crea una unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y adolescencia.

Mientras se mantengan en ejercicio activo, deben actualizar sus conocimientos, en especial para aquellos servicios requeridos por el bien común.

La obligación deberán cumplirla los usuarios aduaneros que contraten los servicios de agenciamiento aduanero, sean personas naturales o jurídicas.

Antes de autorizar la desvinculación del sistema educativo de un menor de edad se deben tramitar ante las autoridades los auxilios para que continúe sus estudios formales.

En el caso de inversiones agregadas, una misma recomendación puede comprender todas las demás operaciones asociadas a la consecución de un único fin.

El Consejo de Estado explicó la acreditación del daño antijurídico por indebida identificación e individualización del procesado.

Los vigilados tendrán plazo hasta el 31 de agosto para realizar su contribución vigente al 2022.

Podrá ser docente e investigador en una entidad educativa del sector público en la modalidad de hora cátedra.

El comercio al por mayor y al por menor, entre las actividades económicas que más contribuyeron en el crecimiento trimestral.

Según la Corte Constitucional, repetir el mismo grado por segunda vez en la misma institución puede perjudicar el proceso formativo.

Resolvemos esta y otras preguntas hechas por los jurados de votación designados para las votaciones del 29 de mayo.

Consejo de Estado precisó los efectos del endoso en propiedad del documento de transporte de conocimiento de embarque.

Vulneran derecho al debido proceso al improbar diligencia de remate.

Consejo de Estado exhortó al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil para evitar la trashumancia y que parientes del candidato sean jurados de votación.