La Fiscalía General de la Nación, en un término de ocho meses contados a partir de la recepción de la noticia criminal, deberá formular imputación de cargos o archivar motivadamente la indagación en delitos priorizados que se cometan en contra de niños y adolescentes, según la modificación hecha al Código Penal (C. P.) por la Ley 2205/22.

El plazo perentorio aplica cuando se trate de delitos de homicidio (artículo 103), feminicidio ( artículo 104A), violencia intrafamiliar ( artículo 229) o de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual (Título IV del C. P.) perpetrados contra menores de 18 años. (Lea: Violencia intrafamiliar es agravada cuando recae sobre un menor de edad)

La normativa también ordena la creación de una unidad especial de investigación de delitos cometidos contra la infancia y adolescencia, para la cual en el presupuesto general de la Nación se garantizará de manera progresiva un porcentaje de financiación, mismo que variará positiva o negativamente conforme a los resultados obtenidos y el impacto que tengan en la administración de justicia, por lo que anualmente se someterá a una calificación.

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