El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con la Circular Conjunta 100003/22, recordaron a los gobernadores y alcaldes del país su obligación de trabajar para la eliminación de cobros no autorizados legalmente en los procesos reportados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y así facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de los deberes y el acceso a los servicios e información de las entidades del Estado.

De acuerdo con las entidades, dichos funcionarios están en la obligación de cumplir las siguientes funciones:

• Identificar los cobros no autorizados por la ley asociados a sus trámites.
• Gestionar con las corporaciones públicas correspondientes los proyectos de ordenanza departamental o acuerdo municipal para desmontar los cobros no autorizados por ley.
• Asegurar la no creación de cobros no autorizados por la ley.
• Implementar lo señalado en el artículo 3º de la Ley 2069/20, sobre aplicación de las tarifas del impuesto departamental de registro, el cual corresponde al que se paga al inscribir actos, contratos o negocios jurídicos en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio.
• Actualizar la información alojada en la plataforma SUIT, eliminando los cobros no autorizados por ley y registrando las tarifas diferenciales establecidas.

Finalmente, el Gobierno reitera que la implementación de los beneficios que se han creado para empresarios y emprendedores depende de la colaboración armónica entre todos los niveles. Por lo tanto, se requiere el compromiso de los mandatarios para pactar en sus respectivos instrumentos los ajustes normativos y así contribuir al crecimiento económico y reactivación de los sectores productivos y comerciales del país.