Quisiéramos que el magistrado Tolosa, que se retira por finalización del periodo, se perpetuara en nuestra Corte Suprema de Justicia para tener la dicha de seguir disfrutando su jurisprudencia y su gran desempeño en esa corporación.
Sentencias como la citada son fundamentales para evitar que se siga abriendo un camino en la práctica judicial que nos conduzca a una vulneración al debido proceso.
El profesional incurrió en la falta relacionada con aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.
Una cosa es que una empresa coordine y otra muy distinta que subordine al empleado, lo cual es característico de un contrato de trabajo.
Condicionan norma a que no se puedan menoscabar derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
Según la Dian, en Colombia, los activos no declarados que están offshore ascienden a 4,6 billones de pesos. Más de 6.000 colombianos serían los titulares de tales activos.
Acorde con la Sentencia SU-508 del 2020, no se deben imponer barreras que impidan a los usuarios acceder a los servicios de salud que requieren.
La vulneración del derecho fundamental no debe ser hipotética, sino que debe encontrarse expresamente probada en el expediente.
Existen situaciones límite y excepcionales que permiten una protección médica que exceda la atención básica en urgencias.
Los presuntos responsables de la violación de derechos fundamentales son a quienes les corresponde probar que no lo están haciendo.
Resulta erróneo pensar que al interponer los recursos de ley contra dicha determinación de privación de libertad no puede entenderse ejecutoriada.
El alto tribunal se estuvo a lo resuelto en la Sentencia C-017 del 2018 e hizo precisiones acerca del término de duración.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto a la configuración del siniestro en los seguros de cumplimiento que son requisito legal para la devolución o compensación del tributo, así como los requisitos para su reclamación.
La Corte Constitucional declaró inexequible una expresión del numeral 3º del artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006).
Esta figura no requiere un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal.
El Decreto 817 del 2020 estableció una excepción temporal a la prohibición prevista para las SAS en la Ley 1258 del 2008.
¿Qué sucedería si los Estados adoptaran medidas para garantizar el acceso a la vacuna, aún cuando estas a primera vista pudieran ser contrarias a sus obligaciones derivadas de acuerdos de inversión?
En sus clases, el profesor Armando Suescún repudiaba el papel de Colombia como país consumidor de normas e instituciones jurídicas extranjeras.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra la expresión “hermanos uterinos” del artículo 54 del Código Civil.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 575 del 2021, hasta tanto se tramite el respectivo control de legalidad.
Exigencia de apostilla de documentos académicos para el proceso de convalidación, en términos generales, es razonable.
Con la concurrencia de la tecnología y los servicios legales, estos últimos se pueden alinear con el modelo de negocio de cada cliente.
La Sala Penal precisó que dentro de un incidente de reparación integral es posible vincular a las compañías de seguros.
El movimiento no reunió los requisitos constitucionales y legales para conservar la personería jurídica que le había sido reconocida en 1997.
Las solicitudes de traslado deben cumplir los términos fijados para su presentación y valoración de los requisitos.
Se trata del Consorcio ID Construcciones y sus integrantes incumplieron sus obligaciones contractuales y no devolvieron el anticipo que se les entregó.
El control judicial de esas decisiones debe armonizarse con los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde la radicación del proyecto, el Gobierno Nacional buscó eliminar del texto propuesto aquellas disposiciones que se volvieron el combustible del estallido social.
El abogado Felipe De Vivero Arciniegas, experto en contratación estatal, asegura que las cláusulas excepcionales, como la caducidad, están previstas como un medio para hacer cumplir el convenio.
La práctica judicial cotidiana y alguna que otra regulación de menor jerarquía indican que esta garantía constitucional está en peligro. Hay que salvarla.
Es necesario realizar una verdadera reforma estructural a la organización de la administración de justicia que permita superar las causas que nos llevaron a la situación actual.
La atención de urgencias a migrantes irregulares que sufren graves padecimiento de salud debe estar permeada por un enfoque de derechos humanos.
Tal vez ha llegado la hora de reducir nuestras ambiciones reformistas a proporciones más modestas.
Mientras tanto, en los frontispicios solemnes de nuestros templos seculares, la palabra ‘justicia’ sigue campeando, aunque esté hueca.
Esta figura se está fortaleciendo en los últimos años, gracias a la participación pluralista de la ciudadanía.
Vamos por el camino equivocado y esta decisión de la jurisdicción ahonda las dificultades para preservar inversiones lícitas en áreas rurales.
Si queremos conservar la legitimidad que aún tiene el Derecho, en particular el derecho constitucional, hay que ponernos a tono con los desarrollos informáticos.
En pocas palabras, las bases de datos son activos y deben tratarse como tal. Esto no es cuestión de abogados y leyes, es de empresarios, ingresos y utilidades.
El concepto de reparación en nuestro ordenamiento jurídico tiene una connotación amplia para evitar limitar su alcance al plano estrictamente económico.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el Decreto 403 del 2020 y subsidiariamente contra algunas disposiciones de esta norma.
La Dian respondió este interrogante, teniendo en cuenta los pagos que se realicen para completar la cotización faltante durante los 36 meses contados a partir del 1º de junio del 2021.
La contabilidad llevada en forma irregular no constituye ni siquiera principio de prueba que permita complementarse con documentos anexos.
Según la providencia, el proceder de los funcionarios no constituye falta disciplinaria en los términos del artículo 150 de la Ley 734 del 2002.
Entre el 6 y el 8 de octubre, se darán cita en esa ciudad expertos en derecho constitucional, para un nuevo encuentro de la jurisdicción.
Esta y otras muy interesantes temáticas relacionadas con el comercio internacional y la inversión extranjera son objeto de estudio en nuestro programa de Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Este año, el Congreso de Contratación de la Universidad de los Andes se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre.
Un grupo de jueces, abogados y académicos le rinden homenaje a Carlos Betancur Jaramillo, uno de los maestros colombianos de derecho público.
Los autores se encargan de analizar una serie de experiencias de distintos tribunales con sus análogos y la protección en materia de derechos humanos y derecho constitucional.
El articulado detalla la estructura orgánica y objetivos de la cartera de Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución.
Si el verbo ‘abudinear’ llegara a aparecer algún día en alguno de los diccionarios normativos de la RAE, habría lugar a un reclamo.
El legislador no previó expresamente el mecanismo por medio del cual se debe suministrar el calzado y vestido de labor.
Los ministros siguen gozando de las mieles del poder y la oposición continúa botando corriente, en los Centros Poblados.
En el ser humano lo bueno y lo malo son hermanos siameses. Por eso tenemos que aceptar este axioma: la evolución produce todas las virtudes y pecados que resulten rentables para el individuo.
Se debe analizar en cada caso específico si la persona controlante cumple con los requisitos previstos en el Código de Comercio.
Se analizó una demanda contra el artículo 307 (parcial) del Código General del Proceso, por la presunta vulneración de varios principios constitucionales.
La divulgación de datos privados o semiprivados que tengan fines sensacionalistas está prohibida por la Constitución.
La administración de justicia con enfoque de género consiste en la resolución de conflictos, a través de los medios procesales previstos para tal fin.
En no pocas ocasiones el diseño de las normas sancionatorias que el Congreso de la República aprueba no tiene en cuenta algo de sentido común.
Las agremiaciones expresaron su preocupación por la medida, coinciden en afirmar que tendría un impacto directo en la desigualdad y en materia fiscal para el país.
La Corte Constitucional declaró inexequibles el numeral 12 del artículo 77 y el numeral 7° del artículo 78 de la Ley 1862 del 2017.
La disposición que contiene el aparte condicionado establece el fortalecimiento financiero de la educación superior pública.
Es posible esta acumulación de cotizaciones, independientemente de si la afiliación al ISS se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100.
En la norma se precisaría el alcance del concepto de aprovechamiento económico en el impuesto y se regularía lo referente a la repatriación de recursos omitidos que sean invertidos con vocación de permanencia y al saneamiento de activos.
La libertad de expresión y de opinión son esenciales a las organizaciones sindicales.
El artículo 31 de la Ley 1258 del 2008 en ningún caso señala que deba entenderse la escisión como una transformación.
Se realizan cambios para contrarrestar factores de riesgo, vulnerabilidad y amenaza, derivados de las actividades del colectivo.
Conozca los requisitos para que proceda la causal 7ª de la acción de revisión basada en el cambio de jurisprudencia.
Los estudios de educación formal y para el trabajo y desarrollo humano buscan desarrollar competencias laborales.
El Instituto Nacional de Contadores Públicos señala que el revisor fiscal no desempeña gestión fiscal, su función no puede confundirse con la de los administradores.
Amparan derechos de menor de edad que padece enfermedad huérfana y que requiere medicamento sin aprobación sanitaria y excluido de la financiación de salud.
La Corte Constitucional estudió una demanda contra varios artículos de la Ley 1979 del 2019, que reconoce, rinde homenaje y otorga beneficios a los veteranos de la fuerza pública.
El actuar del cuestionado, carente de todo fundamento legal, fue deliberado y caprichoso y, por ende, temerario o de mala fe.
El 13 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias y es la fecha límite para la creación o reubicación de puestos de votación.
Las compañías aseguradoras pueden ser vinculadas a proceso incidental por solicitud de la víctima o del condenado penalmente.
La obligación de pagar el dictamen desfavorece en un alto grado a la accionante y amplía las desigualdades de tipo social y económico que la afectan.
En este caso las pretensiones de ese país no versan sobre soberanía territorial ni sobre áreas de jurisdicción marítima, sino únicamente sobre ciertas actuaciones de Colombia y su compatibilidad con el derecho internacional.
Se precisó la necesidad de un pronunciamiento para asegurar que en el futuro se preserve la continuidad en los tratamientos de salud de migrantes.
El desacato frente a las decisiones de la bancada y sus manifestaciones públicas en contra de esas decisiones no generan violación a este régimen.
De manera excepcional, la tutela es procedente para resolver este tipo de controversias sobre la compartibilidad pensional.
La justicia debe seguir funcionado de manera virtual y presencial, pues ambas opciones no son excluyentes y tienen beneficios para los usuarios de la justicia y para la Rama Judicial.
Cualquier usuario tiene los medios judiciales idóneos frente a la actuación registral, en caso de considerar que fue adelantada en detrimento de sus derechos.
Si bien los medios periodísticos poseen más audiencia que nunca, dice el pronunciamiento, los ingresos que financiaban el periodismo profesional son absorbidos por intermediarios que concentran más del 80 % de la publicidad digital mundial.
Corporación Interuniversitaria de Servicios es sujeto pasivo de control fiscal, explicó el Consejo de Estado.
La aplicación del mecanismo de revocatoria directa se restringe a los supuestos contemplados por el ordenamiento.
Se requiere haber formalizado la renuncia al momento de inscribir su candidatura, a fin de evitar estar dentro de la prohibición constitucional.
Corte Constitucional estudió demanda contra, entre otros, el numeral 3 (parcial) del artículo 336 y el numeral 2 (parcial) del artículo 388 del E. T.
La convocatoria estaba dirigida a clúster, asociaciones empresariales, gremios, organizaciones de desarrollo empresarial, entidades sin ánimo de lucro, sociedades de economía mixta y sus empresas.
El documento desarrolla los mecanismos legales de protección de los bienes y presenta los de orden sustancial que contempla el ordenamiento judicial para la protección de los BIC.
Existe información que, a pesar de no tener el carácter de secreta o reservada, es estratégica o confidencial y puede ser utilizada para otros fines.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Acceso a sustitución pensional puede ser reclamado por tutela cuando de él depende la satisfacción del mínimo vital de los familiares del causante.
Jueces deben desplegar todas las actuaciones necesarias para conocer la verdad sobre los hechos que suscitan la acción y decidir si procede o no el amparo.
Los árbitros son particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho o equidad.
En el evento de ser elegido como alcalde, el hermano no podrá suscribir nuevamente un contrato con el municipio.
No se niega la inscripción, pero sí hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva. Se podría apelar a la objeción de conciencia.
La Sala Civil de la Corte Suprema explicó que la separación de hecho da lugar a disolución de la sociedad conyugal conformada.
También se exhortó al Congreso a avanzar en los compromisos en materia de promoción del pluralismo político previstos en el Acuerdo Final de Paz.
Consejo de Estado suspendió provisionalmente efectos jurídicos de varios artículos de una ordenanza proferida por la Asamblea del Norte de Santander.
La Corte Constitucional declaró inexequible una expresión contenida en el literal b) del numeral 2º del artículo 91 de la Ley 2010 del 2019.
En los eventos de actividades peligrosas, el Estado solo puede exonerarse si se acredita que el daño provino de una causa extraña.
La finalidad es que los asociados y administradores que hubieren permitido o realizado actos de fraude respondan solidariamente.
Uno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica es haber sido calificado con una PCL igual o mayor al 50 %.
La indemnización dentro de una expropiación no se circunscribe al daño emergente representado en el valor del bien que sale del patrimonio del expropiado.
La decisión de la Corte no solamente representa un ejercicio de orientación jurisprudencial estupendo. Si se permite la expresión: para dummies.
En los casos de atipicidad objetiva de la conducta es procedente aplicar un régimen objetivo de responsabilidad.
La UGPP presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero desistió del mismo.
La reglamentación brindaría a las instituciones los elementos que permiten considerar a una empresa como Spin Off, dando definiciones sobre los tipos de estas.
Tienen la opción de realizar la operación a través de una oferta privada, con sujeción a las normas comerciales aplicables.
Una nueva regulación expedida por el Gobierno Nacional aspira a desarrollar la política de pago concebida por la Ley 1955 del 2019.
Los pagos hasta el límite de 41 UVT no constituyen base de retención en la fuente, razón por la cual no deben ser reportados en el certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones.
Jueces deben eliminar cualquier forma de discriminación contra de la mujer y, también, incorporar criterios de género al solucionar los casos.
La estabilidad laboral reforzada por maternidad es un derecho cierto e indiscutible y, por lo tanto, de pactarse una terminación de mutuo acuerdo es ineficaz.
La discapacidad ha pasado de una visión restrictiva que limitaba los derechos de dichas personas a un enfoque encaminado a reconocer su libre ejercicio.
Estos son documentos que buscan informar de forma muy concisa y clara sobre un tema complejo, de modo que sus lectores puedan entender fácilmente un problema.
La fuerza mayor y el caso fortuito son catalogados como imprevistos que pueden hacer imposible el cumplimiento de las obligaciones del negocio jurídico suscrito entre las partes.
El término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al de la notificación del acto que resuelve los recursos, explicó el Consejo de Estado.
Si en el contrato quedó pactada la etapa de liquidación o de cierre final de cuentas, es obligación de ambas partes agotar dicho procedimiento.
Tras 11 años de ejercicio de trabajo, la Fundación ProBono Colombia cuenta con casi 50 firmas de abogados y grupos legales empresariales vinculados y signatarios de la Declaración Pro Bono para las Américas.
Niegan nulidad del concurso de méritos para proveer planta de personal de la Alcaldía de Tocancipá.
Para determinar las conductas que guardan relación con el servicio se ha fijado un conjunto de criterios que permiten identificar el vínculo con la función al que se refiere la Constitución.
Las sociedades beneficiarias del régimen deben estar registradas en el RUT como contribuyentes de dicho régimen.
Natalia Núñez Vélez, abogada con más de 20 años de experiencia en materia ambiental y en desarrollo de estrategias legales en temas ambientales, mineros, de infraestructura y de servicios públicos, analiza los desafíos de la crisis climática.
Según la providencia, esta competencia tiene el propósito común de alcanzar la posición más favorable en el sistema de cooperación social.
Los usuarios del Radian deberán adelantar el procedimiento de habilitación de acuerdo con lo indicado en el artículo 13 de la Resolución 0015.
Para los economistas, debe primar la libre competencia, la cual se debe regir por las leyes del mercado: es decir por el pulso entre la oferta y la demanda.
Puede que el concurso de méritos no garantice que aprueben indefectiblemente los mejores candidatos, pero en cambio sí garantiza algo: que no ingresen los peores.
La Corte Constitucional recordó las condiciones en las que procede la afiliación al régimen subsidiado de salud por parte del Estado.
La violación más grave al derecho de defensa y garantías conexas es la de hacer callar al abogado y truncarle el cumplimiento de sus alegaciones defensivas.
Esta vez, la Corte si rindió un servicio a la democracia.
Cualquier país que quiera hacer una defensa adecuada, completa y eficaz de la libre competencia debe contar con un esquema efectivo de reparación de las víctimas afectadas.
La CEJ se ha consolidado como centro de pensamiento experto, calificado y formador de opinión.
No olvidemos que, para conjurar la enorme turbulencia económica que estamos atravesando, los Estados han debido adoptar medidas distantes de las que dictaría la ortodoxia económica.
No obstante, deberá presentar su renuncia y la misma debe ser aceptada antes de su inscripción como candidato.
El pago de las incapacidades no solo debe ser visto como una simple pretensión económica, precisó la Corte Constitucional.
Aplica únicamente en relación con los hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.
Los centros de diagnóstico automotor aplicarán un descuento del 30 % en el valor del servicio a los rangos de precios determinados en el artículo 1º de la Resolución 3318 del 2015.
Los códigos penales y muchos preceptos religiosos se han elaborado pensando precisamente en frenar las tendencias naturales del hombre, pero los logros obtenidos no entusiasman a nadie.
El Consejo de Estado explicó cuáles factores salariales se deben incluir en el IBL para la pensión de los beneficiarios del régimen de transición.
El ordenamiento jurídico colombiano deja atrás la monogamia como única forma de generación de derechos y hoy les da paso a los poliamorosos.
La medida es conducente para evitar congestión judicial y brindar celeridad y seguridad jurídica al trámite.
La serie expone tres temas que siempre están ahí en la academia, pero de los que no se habla lo suficiente. El primero es la idea de que los profesores no tienen vidas privadas.
Por medio de una sentencia de unificación, la Corte explicó la suspensión del contrato de trabajo y sus implicaciones respecto a la huelga.
¿Cómo se va a regular? ¿Se deberá realizar a través de una ley? ¿Podríamos aplicar la normativa existente? ¿Hacemos uso de circulares y conceptos de las autoridades?
Igualmente, por razones de excepcional necesidad nacional, se autoriza a la Vicepresidente de la República para que permanezca fuera del territorio nacional al mismo tiempo que el Presidente de la República, mientras él se encuentra realizando visitas oficiales.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo varias precisiones en relación con el reintegro de dineros apropiados.
Debe tener en cuenta que no puede litigar y que los servicios que preste su firma no se relacionen con las funciones propias del empleo.
Empleador enterado de la enfermedad compleja del trabajador no puede despedirlo sin permiso del Ministerio de Trabajo.
Esta colaboración entre los dos gobiernos ratifica la posición de Colombia como un aliado de EE UU en la región y como un país abanderado de los derechos humanos a nivel mundial.
Renuencia de madre a asistir a práctica de prueba de ADN determinó falta de legitimación para formular casación y dejó en firme reconocimiento del padre.
Administradora de pensiones de la Policía no deben imponer barreras administrativas en reconocimiento de sustitución de retiro.
Se entiende que, por virtud de la cesión, el segundo subroga al primero en sus derechos y obligaciones sin solución de continuidad.
El 13 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias.
Es indispensable definir el accidente de trabajo, acorde con el artículo 3º de la Ley 1562 del 2012, para saber cuándo se está frente al mismo.
El presidente del Senado había negado la remisión del Proyecto de Acto Legislativo 017/17C – 005/17S.
Las redes sesionarán de manera ordinaria o extraordinaria en el marco de la comisión regional de competitividad del respectivo departamento.
La Corte Constitucional admitió una demanda presentada contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal.
El Consejo de Estado precisó que el entonces representante vulneró el régimen de incompatibilidades.
La Corte Constitucional exhortó al Ministerio del Trabajo para fortalecer capacidad de respuesta a quejas en procesos de selección laboral.
Los principios éticos y directrices éticas que están consignados en el documento deben ser cumplidos por todos y cada uno de sus servidores.
Corte Constitucional reiteró las reglas jurisprudenciales sobre el derecho al acceso progresivo a la tierra.
El contenido de la norma cuestionada es compatible y concordante con la prohibición prevista en el artículo 126 superior.
La Corte Constitucional declaró inexequible el literal a) del artículo 1º de la Ley 2003 del 2019, pero aclaró el sentido del fallo.
La Corte Constitucional abordó el tema del debido proceso administrativo en los trámites asociados a la determinación de medidas de protección.
Si la condición de ingresos brutos no se llega a cumplir, en cada caso particular se deberán examinar los demás literales del artículo 1° de la Resolución 0070.
Amparo ligado a situaciones insertas en un estado de cosas inconstitucional no excluye competencia del juez de tutela.
Esta conducta delictiva afecta el patrimonio económico y tiene un sujeto activo cualificado, precisó el fallo.
En el caso concreto, la Corte Constitucional encontró probada la ocurrencia de un hecho superado.
El documento destaca los impactos positivos y negativos generados por la construcción y operación de las vías en el país, relaciona los elementos legales y reglamentarios más relevantes y resume la historia del desarrollo de la disciplina de ecología.
Se trata de aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.
Para dar cumplimiento a la orden de suspensión es necesario que se verifiquen varias exigencias, precisó la Corte Constitucional.
Se ampliaría de manera gradual la cobertura de los derechos reconocidos en negociaciones previas, sin disminuir su nivel de satisfacción.
La norma también dispone que no se recomienda la desinfección de zapatos para la reducción de transmisión del virus.
Se definió un texto compuesto por 65 artículos, el cual fue aprobado con 132 votos a favor en Cámara y 70 en Senado.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021.
Las disposiciones cuestionadas condicionan la realización de dichas actividades al uso de buenas prácticas ambientales y la defensa del territorio.
El Consejo de Estado imparte nuevas directrices para salvaguardar derechos de manifestantes, uniformados y demás ciudadanos en el marco del paro nacional.
Se exhortó a la Secretaría de Educación del Cauca y al Ministerio de Educación para que elaboren un diagnóstico sobre la infraestructura educativa del municipio.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 3º del artículo 1º de la Ley 1893 del 2018.
Se requerirá del consentimiento previo, expreso e informado del titular de la información. Los datos personales no podrán ser obtenidos sin previa autorización.
La movilidad salarial debe garantizar no solo el poder adquisitivo del salario, sino su incremento.
Si bien los pensionados pueden ser sujeto de discriminación, ello no es suficiente para exigir al legislador equiparar los elementos de liquidación.
Jueces constitucionales no pueden aplicar reglas del trámite escrito cuando presuntamente esté vulnerado en el seno de una comunidad indígena.
Que al accionante no le satisfaga lo resuelto por las accionadas, por no ser favorable, no es motivo para amparar el derecho de petición.
Se vulneraron los derechos de la accionante al negarle las citas con la junta multidisciplinaria para que definiera los procedimientos necesarios.
Llamado de atención a Fonprecon para que haga una evaluación detallada de las pruebas médicas que presenten los ciudadanos cuando reclamen la sustitución pensional por invalidez.
Si bien la norma establece como obligación cobrar tasas de uso, estas no han sido fijadas por el Ministerio de Transporte.
Para acceder a esta deducción, deberá tratarse de nuevos empleos y el empleado deberá ser contratado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019, esto es, el 27 de diciembre del 2019.
Ordena pagar igual indemnización a padres de niño que sufrió graves daños sicofísicos por mala atención médica.
Aunque las personas se hallen condenadas, inclusive privadas de la libertad, siguen gozando de ciudadanía.
Armonización que realizaron las autoridades judiciales de los artículos del CPT y del CGP no fue caprichosa, inadecuada o violatoria del derecho sustancial.
Cambiar el valor del producto posterior a la compra e indicar al consumidor que debe pagarlo vulnera sus derechos.
Corte protegió derecho pensional de adulto mayor que fue vulnerado por decisiones que desconocieron pronunciamientos sobre principio de favorabilidad.
Cuando el contrato de suministro no contenga cláusula de exclusividad, suministrado puede celebrar acuerdos sin afectar primera relación.
El Congreso transgredió su poder de reforma y afectó un eje definitorio de la Constitución como lo es el Estado social de derecho fundado en la dignidad humana.
El Consejo de Estado precisó qué constituye la contaminación marina y cuáles son los daños de esta.
Este es un derecho fundamental que trasciende el campo puramente ambiental, precisó la Corte Constitucional.
La providencia explicó que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces.
La noción de cargo público aplica a quienes desempeñan un empleo público basado en la vinculación legal y reglamentaria.
Cuando existe vulneración o amenaza a derechos fundamentales, las decisiones pueden ir más allá de lo pedido.
