La transformación cultural y el derecho constitucional: una agenda pendiente

Juan Carlos Lancheros Gámez
Abogado y profesor universitario

Se ha dicho que la vida va por delante del Derecho, que las normas jurídicas y las providencias judiciales van un par de pasos detrás de la realidad. En efecto, hay quienes consideran que lo que la tecnología facilita es la manera de hacer las cosas, algo parecido a lo que ocurrió en la transición de los manuscritos a los memoriales tipeados en máquinas de escribir. En un abrir y cerrar de ojos, hemos pasado de equipos de cómputo a teléfonos móviles, de servidores a la nube, de ámbitos nacionales a la red, de cajillas de seguridad a blockchain. Y, sin embargo, la transformación más importante que esto trae es la cultural, una nueva forma de ver y hacer las cosas.

En la actualidad, los retos de los desarrollos tecnológicos no pasan por tener mejores equipos, ni servidores, sino que se encuentran en los datos y en la nube. Hemos cedido, sin darnos cuenta, la soberanía de nuestras vidas y decisiones a los proveedores de servicios digitales. Nuestros computadores y teléfonos móviles nos ofrecen los datos, los productos y los servicios, como si nos leyeran la mente. Es más, en ocasiones nos dan información sin haberla pedido. Llevamos nuestros aparatos celulares a los ámbitos más privados, sin ser conscientes de ello, y les damos acceso a infinidad de aplicaciones a nuestras fotos, videos, conversaciones, correos, chats y videoconferencias –a nuestra vida entera–, a cambio de promesas de valor que no siempre se cumplen.

En consecuencia, quienes administran nuestra información nos conocen más que nosotros. Famosos son los casos en los que, gracias al propio comportamiento, ciertas aplicaciones y organizaciones pueden predecir si una mujer está embarazada antes que ella misma. Los sesgos de información que tenemos por los datos que aparecen en nuestras búsquedas pueden hacernos creer que la realidad es diferente. A tal punto somos tan manipulables que organizaciones públicas y privadas, e incluso Estados, pueden interferir en las decisiones electorales de ciudadanos foráneos y decidir el rumbo de la democracia de una nación.

Retos del derecho constitucional

El elefante en la sala del derecho constitucional de los próximos años es el aparato inteligente en el que está leyendo esta nota. Ese que traduce en datos sus comportamientos para ofrecerlos a terceros que harán uso de ellos para distintos propósitos y que lo hace, además, con su autorización tácita o expresa mediante la aceptación de las cláusulas generales de contratación que usted no ha tenido tiempo de leer. Le han hecho tan dependiente de esa tecnología, aparentemente tan generosa y gratuita, que apenas imagina su vida sin ella.

Un elemento interesante en todo este conjunto de temas tiene que ver con que los dueños de la infraestructura y la tecnología en la que nos relacionamos no solamente son extranjeros, sino que, además, las empresas tienen sedes en diferentes partes del mundo. Esto plantea que los conflictos que surjan por el uso de la información, en particular de los datos privados, no puedan, en muchas ocasiones, resolverse en el país. Poco importa que el conflicto entre los sujetos surja entre nacionales.

Publicar videos y fotos íntimas o información confidencial de una empresa, elevar discursos de odio en blogs, videocolumnas o videos que desaparecen automáticamente una vez son vistos, por ejemplo, plantea retos importantes frente al alcance de los derechos fundamentales cuando los proveedores de dicha tecnología tienen su domicilio en otro país y se rigen por reglas jurídicas que no siempre son compatibles con nuestra forma de entender el Derecho.

Nuevas interacciones

Comprender el uso que las nuevas generaciones dan a la tecnología nos será útil para conocer las interacciones tan asombrosas que hoy ocurren ante nuestros ojos. Las implicaciones de todo aquello que se mueve en la red parece ser necesario para que los jueces constitucionales, que los son todos en el país, puedan resolver correctamente los asuntos que deben conocer. Nadie sabe, a ciencia cierta, si todas las concesiones que hemos entregado a quienes poseen nuestros datos se ajustan a la Constitución, en particular a las garantías fundamentales que, en últimas, terminan asociadas al respeto de la dignidad personal.

Hay que ver cada caso en concreto. Sí, hay principios que pueden ofrecernos una líneas y directrices para saber cómo decidir. Y, sin embargo, la rapidez con la que circulan los datos exige una respuesta oportuna que no siempre la justicia puede dar. Daños a la honra o a la reputación personal son prácticamente irreparables cuando se debe esperar un proceso judicial, con sus instancias respectivas y una eventual casación o revisión constitucional cuando se trata de una tutela. La manipulación electoral por cuenta de agentes externos, los cambios en la opinión pública por noticias filtradas o resultados electorales que responden a realidades construidas digitalmente pueden causar daños irreversibles en la unidad de una nación.

Cambian los escenarios

Hoy, los debates electorales se trasladaron de las plazas públicas a los teléfonos celulares y mucho de lo que está en ellos ya se ha filtrado previamente, gracias a los gustos y tendencias que previamente hemos compartido tan gustosamente.

Los jueces, en general, han resuelto este tipo de conflictos promoviendo mecanismos de autocomposición entre los titulares de derechos, los proveedores de tecnología y los dueños de las plataformas, no tanto por la incapacidad de dar las órdenes correctas, sino por la imposibilidad de ejecutar efectivamente dichas órdenes.

Los retos del derecho constitucional, tan celoso y defensor de los conceptos de territorio y soberanía, pasan por reconocer con humildad que quienes operan el Derecho, en particular jueces y abogados, debemos dejar de ver a la tecnología solo como una herramienta operativa para entenderla como un ámbito en donde tiene lugar nuestra vida y en el que los paradigmas en los que se sustentaba el ejercicio de los derechos están siendo construidos a diario.

Resistencia al cambio

El gran enemigo de la transformación cultural que se requiere es nuestra resistencia al cambio. Seguir creyendo que la forma como se ejerce y vive el Derecho y se resuelven los conflictos hoy será el mismo que tendremos en 5, 10 o 20 años en el mundo es subestimar los desarrollos de la inteligencia artificial, el machine learning, la automatización, la big data y, además, es condenarnos y someternos al poder de quienes tienen en sus servidores nuestras vidas.

Mientras muchas industrias se prestan de modo radicalmente diferente gracias a la tecnología, la justicia como servicio tuvo su impulso más reciente con la pandemia, en particular con expedientes digitales, audiencias virtuales y trabajo remoto, entre otros ajustes. Cosas inimaginables hace poco más de año y medio. Nos dimos cuenta de que podemos ser más eficientes, pero apenas estamos entrando a un mundo en el que otros sectores económicos llevan años afrontando los retos que la tecnología ofrece. De allí que, si queremos conservar la legitimidad que aún tiene el Derecho, en particular el derecho constitucional, gracias al importante impulso dado por la Constitución de 1991, hay que ponernos a tono con los desarrollos informáticos y con la manera en la que quienes los proveen obtienen el retorno de su inversión. Solo así podemos intuir y conocer medianamente las consecuencias de la cuarta revolución industrial en la vida actual y los años por venir.