La contratación pública en tiempos de crisis del Estado

Felipe De Vivero Arciniegas

Director de la Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

Desde hace varios años, la sociedad viene sufriendo profundas trasformaciones sin que los individuos fueran conscientes del fenómeno mundial que se presentaba. La creencia era que se trataba de pequeñas inconformidades de carácter local en algunos países, normalmente en vías de desarrollo. En efecto, lo que tradicionalmente había explicado estas coyunturas era la existencia de falencias en condiciones mínimas que requiere el ser humano para subsistir. Es por ello que, con mayor frecuencia, estos procesos se daban en dichos países o en coyunturas en las que los gobiernos de turno no tuviesen la legitimidad necesaria.

Lo atípico fue empezar a constatar que nacieron descontentos generalizados, incluso en los países más desarrollados y con la mayor riqueza. En efecto, el fenómeno de los “chalecos amarillos” en Francia, las marchas en Chile ante una pretendida modificación de las tarifas de transporte público que terminaron en la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, así como las marchas en EE UU, que empezaron con una reacción frente a la brutalidad policial y terminaron en un intento de toma del Congreso, evidencian que cambió la lógica de las causas.

En Colombia, el anuncio de eventuales proyectos de reforma al sistema laboral y al sistema de salud llevaron a los ciudadanos a salir a las calles a protestar. La dificultad para evitar los desórdenes generó una reacción violenta policial que, a su vez, tornó más complejo el panorama. Esta situación, que se alargaba en el tiempo con las continuas manifestaciones semanales, se vio interrumpida por la pandemia y las medidas que se tomaron de confinamiento obligatorio en el mundo, sin que Colombia fuera la excepción.

No obstante, y una vez levantaron las restricciones y como consecuencia del anuncio de una nueva reforma tributaria que pretendía recaudar ingresos para financiar los gastos propios de los incentivos dados en pandemia, así como reactivar la economía, retornaron las manifestaciones violentas con acciones vandálicas respondidas por la fuerza pública con frecuentes excesos. La presión fue tan alta que el Gobierno procedió a retirarla anunciando que, en todo caso, sería necesario evaluar otra reforma producto de consensos con las diferentes fuerzas vivas del país.

Una vez retirada la reforma tributaria, la situación no se calmó, ya que las consecuencias en el empleo y en los ingresos de muchos sectores por cuenta de la pandemia agravaron esa crisis que viene sufriendo el Estado como consecuencia de la imposibilidad de entender las trasformaciones de la sociedad.

Por ello, en lo político, les corresponde a nuestros líderes analizar el momento y atender el llamado de cambio de modelo participativo en las decisiones e impedir que la corrupción sea el pan de cada día que hace desaparecer o malgastar los recursos públicos. En momentos de crisis económica y de estancamiento de las actividades productivas, el Estado es el principal motor que puede hacer que se regrese al ritmo y velocidad que requiere una sociedad para tener garantizados, al menos, la efectividad de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Fundamental. El ciudadano común, de manera generalizada, considera que los políticos no representan sus intereses ni sus necesidades, por lo que, a través de la protesta, quiere expresar su descontento. Esto, acompañado de la pobreza y el hambre de la población de más bajos recursos o desempleados, permite que el vandalismo tenga un espacio de la protesta haciendo muy difícil la distinción entre quienes protestan y aquellos vándalos que se mimetizan entre los primeros.

Combate a la corrupción

Por otra parte, en aras de combatir la corrupción, no se requieren más leyes, sino, en mi opinión, capacitación y educación en lo público. Por eso, la Universidad de los Andes ha querido que el Congreso de Contratación que anualmente organiza tenga como lema “Educar es proteger lo público”. Así, en la actualidad, hay que brindar espacios mediante los cuales los individuos construyan y entiendan que la propiedad de lo público no es ni la sumatoria de las cuotas partes de propiedad de los individuos de una sociedad ni tampoco una propiedad mancomunada e indivisible. Creo que la propiedad pública es algo que pertenece a la sociedad y no tiene disposición posible alguna, sino solo utilización sin restricción diferente a la afectación de la misma propiedad pública.

Dentro de la educación, es necesario incluir una capacitación de los organismos de control, de los veedores y, de manera especial, de los medios de comunicación. En múltiples ocasiones, la ausencia de manejo de temas elementales de la contratación estatal lleva a que se desvíe la atención de lo importante para quedarse en temas accesorios que, en la mayoría de los casos, corresponde a noticias falsas, pero que logran obtener el amarillismo que jala la audiencia. Es allí donde debe existir responsabilidad, no solo en el ejercicio de actuaciones preliminares de los organismos de control, como práctica de medidas cautelares y de los veedores ciudadanos que, en ocasiones, son captados por intereses privados y de los medios de comunicación en tener el sustento para informar y abstenerse de realizar juicios públicos.

En consecuencia, la Universidad de los Andes no solo continúa con su formación a través de sus programas de Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas en la sede de Bogotá, como en la Sede Caribe, sino también en su programa de Maestría de Derecho Público para la Gestión Administrativa. Igualmente, desde hace 18 años, lleva a cabo su Congreso de Contratación Estatal. En la versión de este año, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre, nuestro evento de contratación de compra pública-jornadas de contratación estatal estará dedicado a la contratación con recursos públicos en tiempos de crisis.

Nueva metodología

Con una nueva metodología adaptada al momento que vivimos, hemos querido reunir actores de la contratación, que representen la mayor cantidad de sectores. De esta manera, tendremos representantes de las altas cortes, de la academia, de los organismos de control, de los contratistas, de las entidades públicas y de las agencias del Estado, así como los futuros abogados. Nuestro escenario seguirá siendo Cartagena, esta vez desde nuestra sede Caribe, con la posibilidad de ofrecer una presencialidad limitada combinada con una participación remota en tiempo real con los más altos avances tecnológicos que permiten que quienes están a distancia vivan la experiencia más cercana posible a la presencialidad. Nuestro programa incluye cinco grandes bloques de conferencias y mesas de discusión, al igual que cinco intervenciones particulares sobre temas de actualidad.

Cada bloque inicia con un pregrabado que contiene la intervención de uno de los grandes referentes de la contratación estatal, en la que aborda un tema complejo, así como su punto de vista, para plantear una serie de interrogantes que serán resueltos a través de unas mesas redondas en directo por tres invitados que presentarán su visión acerca de los interrogantes. De esta manera, tanto los invitados a las mesas redondas como la totalidad de los inscritos, ya sea en la modalidad presencial o en la remota, tendrán acceso previo al inicio de la programación de las conferencias pregrabadas, de tal manera que puedan elevar previamente interrogantes. Igualmente, al final de cada uno de estos bloques, tendremos una intervención de un especialista en un tema de actualidad.

Todo este esfuerzo pretende identificar las maneras adecuadas para que la contratación estatal sea el motor de la reactivación económica, se resuelvan las controversias que han surgido por causas externas a los contratos de forma correcta y, sobre todo, bajo un principio de educación y capacitación, y con un entendimiento de la ética pública, con el fin de que la universidad siga impulsando el desarrollo del país.