No es procedente avalar la desidia de las entidades estatales en el ejercicio de la función pública, ni su inacción judicial, argumentando problemas estructurales.
Según la entidad, la Corte Constitucional hace prevalecer la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y el arreglo familiar de dos adultos por encima del interés superior de los niños.
Tras el empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional nombró como conjuez a José Roberto Herrera, en remplazo del magistrado Mauricio González.
El ministro Yesid Reyes se refirió al concepto en el que el Consejo de Estado resolvió su consulta sobre la normativa aplicable a este derecho fundamental.
La esfinge del Cristo en la eucaristía no representa a todas las religiones que tienen cabida en la Constitución de 1991 y en la sociedad colombiana, advirtió.
Las huellas dactilares de quienes realicen trámites notariales serán continuamente cotejadas con la base de datos biográfica y biométrica que reposa en la Registraduría.
La flexibilización de la legislación ordinaria no puede interpretarse como un aval para desconocer los mínimos de justicia contemplados por el derecho internacional.
El Consejo de Estado sustentó así la decisión que le permitiría a Manuel Elkin Patarroyo continuar experimentando con monos en el curso de sus investigaciones científicas.
El Consejo de Estado sustentó así la decisión que le permitiría a Manuel Elkin Patarroyo continuar experimentando con monos en el curso de sus investigaciones científicas.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar advirtió diferencias entre el rendimiento que tuvo ese despacho en el 2014 y las cifras de la corporación.
Los principios de independencia y autonomía funcional les permiten a los jueces escoger, entre diversas opciones hermenéuticas, la que consideren más ajustada al ordenamiento jurídico.
La Sección Quinta señaló seis criterios que deben ser valorados por los operadores judiciales al aplicar las normas que regulan la conciliación como requisito de procedibilidad.
El Consejo de Estado advirtió que se debe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y transitoria de algunos capítulos del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984).
El Consejo de Estado advirtió que se debe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y transitoria de algunos capítulos del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984).
Incluso los actos de la administración que no produzcan efectos jurídicos deben tener la oportunidad de ser sometidos a dicho control, concluyó la Sección Primera.
Los jueces que consideren que no podrán cumplir las metas de egresos fijadas deberán informarlo a la sala administrativa del correspondiente consejo seccional de la Judicatura.
Al derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán las disposiciones compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los particulares.
Según la Corte Constitucional, el proyecto del Ecoparque Cerro del Santísimo se dirige exclusivamente a fomentar el turismo en el departamento de Santander.
Según el Consejo de Estado, no imponer esa medida cautelar deja abiertas las puertas a que se hagan efectivos dos nombramientos para una misma magistratura.
Para la organización, la justicia militar colombiana carece de independencia y tiene un historial muy pobre sobre investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Para la Procuraduría, estos recobros, que pasaron de 200.000 millones de pesos, en el 2005, a 2,3 billones, en el 2010, amenazan la estabilidad financiera del sistema de salud.
El Consejo Superior de la Judicatura publicó un documento en el que registra el desempeño de los juzgados y tribunales del país entre el 1º de enero y el 16 de octubre del año anterior.
El Consejo de Estado no ha recibido respuesta sobre la posibilidad de prorrogar esos cargos, a su juicio indispensables para cumplir el compromiso de poner al día a la jurisdicción.
El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio había llamado la atención sobre la demora en la que habría incurrido el Gobierno para sancionar el proyecto.
El cumplimiento de la decisión, que ordena garantizar el derecho al goce del espacio público, ya no entraría en tensión con los derechos fundamentales de los comerciantes.
Las EPS deberán notificarle a los usuarios que la novedad de movilidad fue reportada a la base de datos única de afiliados, dentro de los tres días hábiles siguientes a su aplicación.
Por su parte, el vocero de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 del 2008 anunció que presentará una acción de renuencia contra el Presidente de la República.
Los cargos de la demanda no cumplían los requisitos establecidos por la jurisprudencia para dar lugar a una decisión de fondo, concretamente los de certeza y suficiencia.
El acuerdo deber ser acorde con los postulados constitucionales de reparación integral, sin necesidad de porcentajes específicos, como límites vinculantes, advirtió.
Para incluir el acoso laboral en el reglamento interno de trabajo, es necesario determinar si se estableció un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores.
Aunque la norma demandada solo establecía condiciones menos exigentes para los menores de 20 años, la Corte Constitucional la condicionó a que se incluyera a toda la población joven.
Las faltas disciplinarias están taxativamente señaladas en la ley, y es por la violación de las mismas, y solo por ello, que se investiga y juzga disciplinariamente a los profesionales del Derecho.
Un comité revisará los avances y retos del país en la implementación de instrumentos internacionales que garantizan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
El fallo condicionó la constitucionalidad de los artículos relativos al contenido de las peticiones y la insistencia del solicitante en caso de reserva.
Si bien las universidades están facultadas para autogobernarse y autoelegirse colectivamente, el cumplimiento de su misión debe involucrar el ejercicio responsable de esa autonomía.
El mayor valor en la inversión de proyectos productivos responde a la dinámica, cada vez más acelerada, que tienen los jueces para proferir sentencias de restitución.
A las jornadas podrán asistir todas las comunidades que se consideren con derecho a participar en el proceso, con independencia de su forma organizativa.
Pedir que situaciones de violencia intrafamiliar no se reflejen en el campo laboral genera una presión que se convierte en un factor adicional de revictimización.
El Consejo de Estado le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura revocar el Acuerdo 10282 del 2014 y restablecer inmediatamente las medidas que venían operando hasta diciembre.