HRW cuestiona estado de los derechos humanos en Colombia

La población civil de Colombia continúa sufriendo graves violaciones perpetradas por las guerrillas y los grupos sucesores de los paramilitares que surgieron después del proceso oficial de desmovilización adelantado hace una década.

Así lo señala la introducción al capítulo sobre Colombia del informe anual de Human Rights Watch (HRW), publicado este 29 de enero. El documento aborda temas como los abusos de la guerrilla y la fuerza pública, la continuidad de las acciones de los paramilitares y sus sucesores, los desplazamientos internos, la violencia de género, y la violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas

Sobre este último tema, precisa que a pesar de que el gobierno colombiano suele manifestarse públicamente en contra de tales hechos de violencia, impera la impunidad para sus autores.

En cuanto a la fuerza pública, la organización internacional recuerda que entre los años 2002 y 2008, se presentó un número significativo de ejecuciones de civiles por parte de militares, comúnmente conocidas como “falsos positivos”. A pesar de que se anunció la drástica disminución de estos hechos, resalta que hay “informes creíbles de algunos casos nuevos en 2013 y 2014”.

Para julio del 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación investigaba más de 3.500 homicidios, por los que obtuvo condenas en 402 casos que, en su mayoría, implicaban a  soldados de bajo rango y suboficiales. Según HRW, “algunos militares condenados por los crímenes han disfrutado extravagantes privilegios en los centros de detención militares”.

Sobre los grupos insurgentes, el informe señala que las FARC y el ELN continúan utilizando minas terrestres antipersonal, que, según datos oficiales, les causaron la muerte a seis civiles y dejaron 65 heridos, entre enero y agosto del 2014.

Así mismo, indica que entre los años 2003 y 2006, organizaciones paramilitares con estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad y algunos políticos fueron sometidas a una desmovilización mediante un “proceso profundamente defectuoso”, en el que muchos miembros se mantuvieron activos y reorganizaron en nuevos grupos.

Estos sucesores de los paramilitares, a menudo dirigidos por desmovilizados, cometen abusos generalizados, como homicidios, desapariciones y la violencia sexual, agrega.

Por otra parte, afirma que debido a la violencia asociada al conflicto armado interno, se han desplazado por la fuerza a más de 5,7 millones de personas, cifra que cada año aumenta en 200.000, “generando la segunda población más grande del mundo de los desplazados internos”.

El reporte anual de HRW también se refiere a los avances en los diálogos con las FARC y a los acercamientos con el ELN. Así mismo, menciona la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el desconocimiento por parte del Ejecutivo de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La justicia penal militar carece de independencia

Para la organización internacional, la justicia militar colombiana carece de independencia y tiene un historial muy pobre sobre investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Bajo estos términos, entiende que el proyecto de reforma a la justicia penal militar que se tramita en el Congreso crea el grave riesgo de que los casos de civiles asesinados por militares sean transferidos a la justicia castrense. “Uno de los proyectos de ley autorizaría a las fuerzas de seguridad a usar la fuerza letal contra civiles en una peligrosamente amplia gama de situaciones”, agrega.

Finalmente, califica el Marco Jurídico para la Paz como una enmienda constitucional que allana el camino para la impunidad generalizada, frente a las atrocidades de la guerrilla, los paramilitares y los militares, si se llega a un acuerdo de paz con las FARC.

En cuanto a la violencia de género, denuncia su generalización, acompañada de la falta de formación y la deficiente aplicación de protocolos, que crean obstáculos para las mujeres y niñas que buscan una atención posviolencia, lo que genera retrasos en el acceso esencial a servicios médicos.

Consulte el informe completo en http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf