La Corte Constitucional determinó que no existía reserva de ley estatutaria en el asunto materia de estudio (Ley 1680 del 2013). A su juicio, lo aprobado por el Congreso no regulaba el derecho a la igualdad material y tampoco aspectos estructurales de los derechos de personas en condición de discapacidad; únicamente, dice, se trata de un conjunto de medidas concretas tendientes a eliminar barreras de acceso a la información y al conocimiento que enfrentan las personas que sufren las afecciones mencionadas. Adicionalmente, la Corte privilegió las garantías fundamentales de esta comunidad sobre los derechos de los autores que no hayan autorizado la reproducción en braille de sus obras. La afectación patrimonial que sufren estos últimos, dice, es leve, frente a las dificultades que enfrenta la población objeto de la ley  para acceder al conocimiento, a la cultura y a la información (M. P. María Victoria Calle).