El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le pidió al Congreso acoger la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se pide adecuar el Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 02 del 2012) a las exigencias internacionales sobre protección de los derechos humanos (DD HH).

El funcionario recordó que aunque la justicia transicional prevé la posibilidad de flexibilizar la legislación ordinaria, para permitir la concreción de un acuerdo de paz entre el Gobierno y los grupos insurgentes, esa flexibilidad no puede interpretarse como un aval para desconocer los mínimos de justicia contemplados por el derecho internacional.

El jefe del Ministerio Público le recomendó al Congreso iniciar un debate con todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente con las víctimas, para construir consensos sobre los mecanismos que permitan lograr la desmovilización total y el desarme absoluto de los grupos armados al margen de la ley.

Además, pidió garantizar la sanción de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios, al igual que las conductas que constituyan graves violaciones a los DD HH, como la violencia sexual contra la mujer y contra los niños, la desaparición forzada y las torturas.

En la misiva, Ordóñez citó el informe de la CIDH, según el cual “los mecanismos de selección y renuncia a la investigación de casos de graves violaciones a los derechos humanos podrían plantear incompatibilidades con las obligaciones internacionales del Estado colombiano”. Por ello, la Comisión recomendó adecuar “el Marco Jurídico para la Paz y las leyes estatutarias que se deriven a los estándares internacionales de DDHH señalados en este informe”.