Demoras en sanción de reforma estatutaria a la salud son inexplicables: Jorge Iván Palacio

En el seminario sobre actualización del derecho a la salud, que se realiza en Quibdó (Chocó), el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio llamó la atención sobre la demora en la que ha incurrido el Gobierno para sancionar el proyecto de ley estatutaria que reforma del sector (P. L. 209/13S-267/13C).

A su juicio, es inexplicable que, luego de cumplido el examen de la Corte Constitucional sobre esa actuación legislativa, se siga aplazando la entrada en vigencia de la norma. Además, señaló que si bien la Corte tuvo que modificar la Sentencia C-313 del 2014, por errores involuntarios en la transcripción del examen de constitucionalidad, ese trámite se cumplió satisfactoriamente, por lo que no parece justificable la inactividad del Ejecutivo.

Palacio sostuvo que la corporación es respetuosa de las competencias de las instituciones, pero advirtió que no se puede dejar pasar por alto el hecho de que siguen siendo numerosas las barreras administrativas que impiden un acceso eficaz y eficiente a los servicios de salud.

Y aunque no se pueden desconocer los esfuerzos del Gobierno por corregir los déficits que quedaron en evidencia en la Sentencia T-760 del 2008, que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud, la evidencia social demuestra que la crisis sigue latente, aseguró.

Para el magistrado, la insatisfacción de la ciudadanía está justificada, por la persistencia del llamado “pasado de la muerte”; la falta de regulación y control del número de afiliados, en contraste con la infraestructura y el personal de las entidades prestadoras, y la continua negación de servicios y medicamentos, incluso de los que están incluidos en el POS.

Palacio agregó que si bien la entrada en vigencia de la ley estatutaria podría aliviar la crisis, esta no es una solución definitiva al estado de cosas inconstitucional decretado hace más de seis años.

Renuencia

Frente a las demoras en la sanción presidencial, el vocero de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 del 2008, Pedro Santana, anunció que instaurará una acción de renuencia contra el Presidente de la República.

Santana, quien preside la Corporación Viva La Ciudadanía, aseguró que no se entiende por qué el Ejecutivo sigue dejando para después esta tarea, ya que, según él, tenía plazo hasta el pasado 20 de diciembre. 

El senador Jorge Enrique Robledo ya había llamado la atención sobre la demora en la sanción de la norma, pese a haber surtido todos los trámites previos. El Gobierno, por su parte, había sostenido que el retraso obedecía a los cambios efectuados por la Corte Constitucional.

Magistrados del alto tribunal consultados por este medio respondieron que el Legislativo tiene que adelantar las modificaciones fijadas por las inexequibilidades parciales y los condicionamientos, y devolver el texto para sanción presidencial, para lo cual no existen términos legales.