Así lo concluyó el Tribunal Administrativo de Santander, que consideró que la obra lleva implícita la violación de la prohibición para que las instituciones se identifiquen con una iglesia o religión. La sentencia ordena el reembolso de más de $ 3.500 millones que costó la financiación de la obra, que rinde tributo a Jesucristo, y compulsa copias a la Fiscalía y la Procuraduría por el probable desconocimiento del principio de moralidad administrativa. La corporación indicó que si la intención era incentivar el turismo en el departamento de Santander no era viable hacerlo rompiendo la imparcialidad que debe mantener el Estado en estas materias. Así las cosas, según la providencia, no se podrán adelantar actos oficiales en el lugar, ni adelantar actuaciones que sugieran la identificación de las instituciones con algún credo. Frente a la recuperación de los dineros, indicó que el 30 % del valor de la entrada al público deberá ser destinado al pago mensual de sumas indexadas, hasta que se restituya la inversión. Recientemente, la Corte Constitucional había concluido que la obra no violaba principios seculares y laicos del Estado, en tanto que sugirió que pretender impedir su desarrollo debido al componente religioso suponía atentar contra la libertad de expresión (M. P. Solange Blanco Villamizar).