Tras las denuncias de la Defensoría del Pueblo por la falta de acceso oportuno para la población y la persistencia en la negación de servicios de salud en el Chocó, la Corte Constitucional requirió al Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, con el fin de que informen qué actividades han adelantado para corregir ese déficit.

Según la Defensoría, durante una visita al departamento, se evidenciaron, entre otras, deficiencias en la contratación de servicios de salud, el pago de salarios a los profesionales de planta, la disponibilidad de ambulancias que cubran las necesidades de la población y el suministro de medicamentos y su entrega oportuna.

Además, la entidad advirtió sobre falencias en la protección, custodia y archivo de historias clínicas, así como las pésimas condiciones de la infraestructura de algunos centros médicos.

De otro lado, denunció la no autorización del traslado de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, con el argumento de que primero se debe agotar el monto del SOAT,  lo que, a su juicio, desconoce “que el valor de dicho seguro cubre el transporte desde el lugar del accidente hasta la IPS en que se le brindará atención a la persona, lo que deja a la EPS en la obligación de cubrir las remisiones de allí al lugar que se requiera”.

Ante este panorama, la Corte les hizo un llamado al ministerio y la superintendencia, para que indiquen si aceptan que los hechos denunciados por la Defensoría están ocurriendo y precisen qué actuaciones han venido desplegando, aunque consideren infundada esa precepción.

De acuerdo con el alto tribunal, ambas entidades deberán mantener medidas de regulación, inspección y control, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 del 2008, mediante la cual declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema de seguridad social en salud.

(Corte Constitucional, Auto 354, nov. 18/14, M. P. Jorge Iván Palacio)

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