Entre los vinculados al nuevo proceso están tres expresidentes de la Refinería de Cartagena: Reyes Reynoso Yánez, Amaury de la Espriella y Adolfo Tomás Hernández (en calidad de encargado).
La UGPP presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero desistió del mismo.
La entidad expidió una nueva norma con la cual deroga la Circular Externa 02, del 16 de marzo del 2021.
La reglamentación brindaría a las instituciones los elementos que permiten considerar a una empresa como Spin Off, dando definiciones sobre los tipos de estas.
Tienen la opción de realizar la operación a través de una oferta privada, con sujeción a las normas comerciales aplicables.
El Minhacienda formuló una consulta al Consejo de Estado referente a la aplicación de la Ley 1821 del 2016, sobre la edad del retiro forzoso.
Estos funcionarios podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la junta directiva así lo proponga al nominador.
El solo paso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión, precisó la Sala Civil de la Corte Suprema a de Justicia.
Los pagos hasta el límite de 41 UVT no constituyen base de retención en la fuente, razón por la cual no deben ser reportados en el certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones.
El contrato cuestionado, cuya duración era de 30 años, permitía obtener carbón del subsuelo de un área de la reserva forestal protegida.
Jueces deben eliminar cualquier forma de discriminación contra de la mujer y, también, incorporar criterios de género al solucionar los casos.
Según la norma, el proceso incluye visita técnica de verificación para acceder al registro, la cual se realiza en las instalaciones de la empresa y se verificará el cumplimiento de las buenas prácticas.
La estabilidad laboral reforzada por maternidad es un derecho cierto e indiscutible y, por lo tanto, de pactarse una terminación de mutuo acuerdo es ineficaz.
La entidad actualizó algunas instrucciones relacionadas con las definiciones de reporte de transacciones, reporte de transacciones múltiples, reporte de transacciones individuales.
Los empresarios deben enfocar todos sus esfuerzos en la ejecución real de su propósito o actividad económica, mientras que profesionales en la materia responden por el manejo de la nómina.
El prestador, de oficio, deberá descontar el cargo fijo, si la falla en la prestación tiene una duración igual o superior a 15 días dentro del mismo periodo de facturación.
El término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al de la notificación del acto que resuelve los recursos, explicó el Consejo de Estado.
Al resolver una consulta, la Dian resaltó que quien incumpla cualquier obligación establecida en el régimen cambiario, se hará acreedor a las sanciones previstas en las normas legales.
Quien adquiera un medidor, sea prestador o usuario, deberá obtener del vendedor el respectivo certificado de conformidad.
Niegan nulidad del concurso de méritos para proveer planta de personal de la Alcaldía de Tocancipá.
Se pretende integrar sistemas de información desarrollados por la CGR e implementar políticas que permitan mejorar el seguimiento y gestión de la información que se produce para la toma de decisiones.
Para determinar las conductas que guardan relación con el servicio se ha fijado un conjunto de criterios que permiten identificar el vínculo con la función al que se refiere la Constitución.
Las sociedades beneficiarias del régimen deben estar registradas en el RUT como contribuyentes de dicho régimen.
Los cambios en la estructura tarifaria deberán ser graduales e ir de la mano de la modernización de la red y la implementación de medidores inteligentes en los hogares.
La calidad de abogado del disciplinado le permitía comprender el concepto de privación de la libertad y la incompatibilidad.
A partir del 4 de octubre, no será posible radicar esta solicitud mediante presentación física en las ventanillas de la entidad.
La nueva norma rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 2013011893, del 8 de mayo del 2013.
La licencia ordinaria es aquella que se otorga al empleado por solicitud propia y sin remuneración, hasta por 60 días hábiles al año.
El legitimado para discutir la supuesta usurpación de los derechos de autor de un documento o de una obra es aquel que se presenta como su verdadero dueño.
Según la providencia, esta competencia tiene el propósito común de alcanzar la posición más favorable en el sistema de cooperación social.
Los usuarios del Radian deberán adelantar el procedimiento de habilitación de acuerdo con lo indicado en el artículo 13 de la Resolución 0015.
La Corte Constitucional recordó las condiciones en las que procede la afiliación al régimen subsidiado de salud por parte del Estado.
La tesis jurisprudencial que establece la doble militancia en cuestión se asumió luego de la elección del ahora exgobernador.
No obstante, deberá presentar su renuncia y la misma debe ser aceptada antes de su inscripción como candidato.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, explicó que la cifra aprobada representa un crecimiento de 3,8 %, sin incluir deuda, frente al presupuesto de 2021.
El pago de las incapacidades no solo debe ser visto como una simple pretensión económica, precisó la Corte Constitucional.
La entidad advirtió que serán adelantados los procesos de cobro persuasivo y coactivo contra aquellas sociedades que no cancelen la contribución dentro del plazo fijado.
Aplica únicamente en relación con los hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.
Los centros de diagnóstico automotor aplicarán un descuento del 30 % en el valor del servicio a los rangos de precios determinados en el artículo 1º de la Resolución 3318 del 2015.
Los indicios son medios de prueba que permiten el conocimiento indirecto de la realidad, explicó el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado explicó cuáles factores salariales se deben incluir en el IBL para la pensión de los beneficiarios del régimen de transición.
El documento estará disponible para comentarios de todos los interesados hasta el próximo 29 de septiembre.
La medida es conducente para evitar congestión judicial y brindar celeridad y seguridad jurídica al trámite.
La Dian concluyó que las tasas que cobra la empresa terminal de transporte corresponde a una contraprestación económica por la prestación de un servicio.
La Dian analizó el contenido de los artículos 385 y 386 del E.T., los cuales establecen los procedimientos de retención en la fuente aplicables a los pagos gravables en una relación laboral.
Cumplimiento de normas de sismorresistencia, sobre estudio de vulnerabilidad, no están a la discrecionalidad de las entidades públicas o de particulares.
Por medio de una sentencia de unificación, la Corte explicó la suspensión del contrato de trabajo y sus implicaciones respecto a la huelga.
Igualmente, por razones de excepcional necesidad nacional, se autoriza a la Vicepresidente de la República para que permanezca fuera del territorio nacional al mismo tiempo que el Presidente de la República, mientras él se encuentra realizando visitas oficiales.
Las nuevas disposiciones están orientadas a fortalecer el gasto social y a contribuir con la reactivación económica, con la generación de empleo y con la estabilidad fiscal del país.
Se trata de un decreto expedido por el Ministerio de Vivienda, que deroga el Decreto 528, del 2 de abril del 2016, a excepción del artículo 1.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo varias precisiones en relación con el reintegro de dineros apropiados.
Por ejemplo, se define la entrega de información completa y precisa sobre las condiciones y coberturas requeridas para la contratación individual del seguro.
Debe tener en cuenta que no puede litigar y que los servicios que preste su firma no se relacionen con las funciones propias del empleo.
La entidad informa que ha dispuesto un plan de acompañamiento técnico dirigido a las entidades vigiladas para la puesta en funcionamiento del aplicativo.
El Consejo de Estado resolvió una consulta sobre la entrega del informe final, el periodo y el procedimiento para la liquidación de la comisión.
Se establecerían los lineamientos generales para que las empresas que manipulen productos químicos peligrosos definan un programa de trabajo para la prevención de estos accidentes.
Empleador enterado de la enfermedad compleja del trabajador no puede despedirlo sin permiso del Ministerio de Trabajo.
De la simple confrontación entre el oficio y la regulación del Estatuto Tributario no es evidente la supuesta violación que alegan los solicitantes.
Además de no ejercer el derecho de defensa, no contestar la demanda hará presumir como ciertos los hechos.
La superintendencia enlistó los requisitos que deben cumplir para acceder a la prórroga.
Renuencia de madre a asistir a práctica de prueba de ADN determinó falta de legitimación para formular casación y dejó en firme reconocimiento del padre.
Los recursos serán destinados para financiar proyectos de inversión que cumplan con las reglas y requisitos establecidos en las resoluciones 2053 del 2019 y 750 del 2020.
Se trata de una nueva norma expedida por el Ministerio de Salud, la cual modifica el artículo 1° de la Resolución 5095 del 2018.
Administradora de pensiones de la Policía no deben imponer barreras administrativas en reconocimiento de sustitución de retiro.
Se entiende que, por virtud de la cesión, el segundo subroga al primero en sus derechos y obligaciones sin solución de continuidad.
El 13 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias.
Es indispensable definir el accidente de trabajo, acorde con el artículo 3º de la Ley 1562 del 2012, para saber cuándo se está frente al mismo.
Esta medida se enmarca dentro de la política que busca reemplazar los combustibles fósiles por energías más limpias.
El término de suspensión fue explícito en el decreto que hace efectiva la sanción y después del mismo debe retornar a sus funciones.
El presidente del Senado había negado la remisión del Proyecto de Acto Legislativo 017/17C – 005/17S.
En vida laboral es viable hacer varios traslados entre regímenes pensionales, sin que signifique que la administradora pueda omitir suministro de información.
Las redes sesionarán de manera ordinaria o extraordinaria en el marco de la comisión regional de competitividad del respectivo departamento.
La Corte Constitucional admitió una demanda presentada contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal.
Se debe empezar a aplicar el sistema de alternancia, realizando una reapertura gradual de las distintas sedes donde se brinda la capacitación y entrenamiento de que trata el artículo 63 del Decreto-Ley 356 de 1994.
El Consejo de Estado precisó que el entonces representante vulneró el régimen de incompatibilidades.
La Corte Constitucional exhortó al Ministerio del Trabajo para fortalecer capacidad de respuesta a quejas en procesos de selección laboral.
Los principios éticos y directrices éticas que están consignados en el documento deben ser cumplidos por todos y cada uno de sus servidores.
Los ensayos requeridos para la expedición de certificados para demostrar la conformidad con el reglamento deben realizarse en laboratorios acreditados por el ONAC.
No es posible reconocer pensión de invalidez a quien, por discapacidad, nunca trabajó y cuyos aportes los hizo su progenitor.
Este es un procedimiento idóneo para poder demostrar a través de una prueba pericial o dictamen cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó un accidente de tránsito.
Con la Circular Externa 061 del 2008, se estableció la metodología de cálculo de dicha rentabilidad y dispuso que la misma fuera divulgada mensualmente a través de carta circular.
Corte Constitucional reiteró las reglas jurisprudenciales sobre el derecho al acceso progresivo a la tierra.
El contenido de la norma cuestionada es compatible y concordante con la prohibición prevista en el artículo 126 superior.
Se trata de un concepto en el que la entidad hace un recorrido normativo y responde algunas consultas formuladas sobre la interpretación y aplicación de las normas en la materia.
La Corte Constitucional declaró inexequible el literal a) del artículo 1º de la Ley 2003 del 2019, pero aclaró el sentido del fallo.
La Corte Constitucional abordó el tema del debido proceso administrativo en los trámites asociados a la determinación de medidas de protección.
Si la condición de ingresos brutos no se llega a cumplir, en cada caso particular se deberán examinar los demás literales del artículo 1° de la Resolución 0070.
La ley no autoriza a los prestadores realizar descuentos sobre la deuda que tengan a su favor por causa de la prestación del servicio público.
Está en cabeza de la respectiva entidad decidir el regreso presencial de aquellos empleados que presenten patologías de base.
Consejo de Estado condenó al municipio de Piedecuesta y a la CDMB a pagar a título de indemnización de perjuicios materiales una suma superior a $1.790 millones.
La entidad recibirá comentarios y sugerencias sobre el proyecto de norma hasta el 19 de septiembre de 2021, a través del correo: Subdir_Analisis_Opera_Programas@dian.gov.co.
Amparo ligado a situaciones insertas en un estado de cosas inconstitucional no excluye competencia del juez de tutela.
Esta conducta delictiva afecta el patrimonio económico y tiene un sujeto activo cualificado, precisó el fallo.
En el caso concreto, la Corte Constitucional encontró probada la ocurrencia de un hecho superado.
Para aplicar a este criterio temporal, la información de los vehículos en el Runt debe coincidir con las características físicas consignadas en la licencia de tránsito.
El documento destaca los impactos positivos y negativos generados por la construcción y operación de las vías en el país, relaciona los elementos legales y reglamentarios más relevantes y resume la historia del desarrollo de la disciplina de ecología.
Además, la autoridad electoral amplió el término para la recolección y entrega de los apoyos ciudadanos que respaldarán la inscripción de las listas.
Se trata de aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.
Para dar cumplimiento a la orden de suspensión es necesario que se verifiquen varias exigencias, precisó la Corte Constitucional.
Debe existir expresa autorización del suscriptor o usuario para poder incluir los otros cobros en las facturas.
Se ampliaría de manera gradual la cobertura de los derechos reconocidos en negociaciones previas, sin disminuir su nivel de satisfacción.
Según el informe de Supersociedades, en el 2020, los ingresos operacionales disminuyeron 34 %, mientras que las pérdidas se incrementaron 203,7 %.
Se trata de un programa de formación intensiva para servidores públicos que desarrolla el Centro de Innovación Pública Digital de Mintic.
La norma también dispone que no se recomienda la desinfección de zapatos para la reducción de transmisión del virus.
El fallo explicó que para determinar cuándo hay invalidez se debe aplicar el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.
Se definió un texto compuesto por 65 artículos, el cual fue aprobado con 132 votos a favor en Cámara y 70 en Senado.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021.
Se trata de una nueva norma expedida por el Ministerio de Salud que modifica la Resolución 2388 del 2016.
Las disposiciones cuestionadas condicionan la realización de dichas actividades al uso de buenas prácticas ambientales y la defensa del territorio.
Anulan expresión relacionada con las reglas para la verificación y cálculo del aporte estatal por parte de la UGPP.
El Consejo de Estado imparte nuevas directrices para salvaguardar derechos de manifestantes, uniformados y demás ciudadanos en el marco del paro nacional.
Tras conocerse la variación del IPC en agosto, el Emisor expidió el Boletín 44 para definir dichos valores.
Los sectores administrativos de las entidades destinarán a las actividades, en la vigencia 2022, al menos los montos presupuestales equivalentes a los porcentajes del presupuesto de inversión total de cada sector mostrados en la norma.
La Sala Penal mantuvo la detención domiciliaria del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.
Se exhortó a la Secretaría de Educación del Cauca y al Ministerio de Educación para que elaboren un diagnóstico sobre la infraestructura educativa del municipio.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 3º del artículo 1º de la Ley 1893 del 2018.
Sin embargo, la imposibilidad de pagar no impedirá el acceso al mecanismo o la elegibilidad de este para su otorgamiento, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno.
El certificado de disponibilidad presupuestal es un acto preparatorio, pero su ausencia no genera la nulidad de la convocatoria.
Sin embargo, la imposibilidad de pagar no impedirá el acceso al mecanismo o la elegibilidad de este para su otorgamiento, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno.
Se requerirá del consentimiento previo, expreso e informado del titular de la información. Los datos personales no podrán ser obtenidos sin previa autorización.
La corporación explicó que si el bien es de dominio público, como un baldío, no es posible acceder a ellos por prescripción.
La movilidad salarial debe garantizar no solo el poder adquisitivo del salario, sino su incremento.
Antes de la sanción presidencial, se designará una comisión para que concilie las diferencias y acojan lo aprobado en ambas corporaciones, en un debate y aprobación en las respectivas plenarias.
Consejo de Estado determinó que la Fiscalía no tendrá que reparar a dos personas que, a pesar de haber sido inicialmente condenadas, fueron absueltas.
Esta pensión de carácter especial, prevista en la Ley 418 de 1997, está íntimamente vinculada al sistema integral de seguridad social.
El plan tendrá una duración de tres meses, durante los cuales los exportadores deberán presentar la solicitud de operaciones aéreas de la VUCE.
Si bien los pensionados pueden ser sujeto de discriminación, ello no es suficiente para exigir al legislador equiparar los elementos de liquidación.
Según el organismo de normalización técnica, el plazo para la recepción de comentarios el 4 de octubre del 2021, a través de los correos lvaron@mincit.gov.co y/o mdiaz@mincit.gov.co.
Jueces constitucionales no pueden aplicar reglas del trámite escrito cuando presuntamente esté vulnerado en el seno de una comunidad indígena.
El incentivo será procedente siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el numeral 1° y en el parágrafo 1° del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, así como también con los señalados en los artículos 1.2.1.22.47. a 1.2.1.22.58. del Decreto 1625 del 2016.
Que al accionante no le satisfaga lo resuelto por las accionadas, por no ser favorable, no es motivo para amparar el derecho de petición.
La figura corresponde a la prerrogativa de que son titulares las partes en un contrato para acordar en prescindir del mismo y dejarlo sin efectos.
También se acordó el rol que jugará la agencia para apoyar los objetivos de Colombia de lograr reducir en un 51 % las emisiones de gases efecto invernadero.
Se vulneraron los derechos de la accionante al negarle las citas con la junta multidisciplinaria para que definiera los procedimientos necesarios.
Se trata de la liquidación provisional prevista en el artículo 764 del Estatuto Tributario, que sustituye la restringida facultad con que contaba la Dian de determinar provisionalmente el impuesto ante la omisión en la presentación de la declaración tributaria.
Se busca optimizar la administración y asignación de áreas, al igual que mantener la integridad y mejorar el manejo operacional de la información espacial de las áreas que administra la agencia.
Se incluyeron dos artículos que buscan exonerar durante 2022 del pago del IVA y del impuesto al consumo a los restaurantes y bares que pertenezcan al régimen SIMPLE.
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado asimila el empleo de personero a uno de libre nombramiento y remoción.
La Sala Penal explicó que frente a la prueba pericial, en lo que corresponda, les serán aplicables las reglas del testimonio.
Llamado de atención a Fonprecon para que haga una evaluación detallada de las pruebas médicas que presenten los ciudadanos cuando reclamen la sustitución pensional por invalidez.
Cuando ello ocurra, se recomienda elaborar un acta de entrega del cargo y de los documentos mantenidos en su poder.
La entidad indica que su correcta expedición suple la obligación de facturar las operaciones y se considera soporte de costos, deducciones e impuestos descontables.
La responsabilidad de los estados financieros recae sobre la administración de la entidad y el contador público forma parte la misma.
Si bien la norma establece como obligación cobrar tasas de uso, estas no han sido fijadas por el Ministerio de Transporte.
Para acceder a esta deducción, deberá tratarse de nuevos empleos y el empleado deberá ser contratado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019, esto es, el 27 de diciembre del 2019.
Al mismo tiempo declaró no responsables fiscales a dos de los inicialmente imputados: Aníbal Gaviria Correa y Jorge Mario Pérez Gallón.
Es importante que el domicilio del empleado se mantenga, como quiera que eventualmente se podría solicitar su presencia o el retorno al sitio.
El Código Nacional de Tránsito no contiene mayores disposiciones sobre los retenes instalados por las autoridades en el territorio nacional.
Entre los principales objetivos se encuentra poner en marcha el repositorio de datos maestros (RDM), el cual vincula la información catastral y registral con la información de otros sectores.
Para que la acumulación de pretensiones proceda debe existir entre estos nexos, precisó el Consejo de Estado.
Ordena pagar igual indemnización a padres de niño que sufrió graves daños sicofísicos por mala atención médica.
En lo corrido del año, la variación total fue de 3,93 %, esta variación fue mayor en 2,81 que la reportada en el mismo periodo del año anterior.
La norma también reglamenta la concurrencia entre entidades territoriales para la financiación de iniciativas de gasto en diferentes jurisdicciones.
La nueva norma modificó el artículo 6° de la Resolución 219 del 2021.
La norma de Mincomercio regula lo referente a la aprobación del monto y determinación de los requisitos para el otorgamiento de los subsidios o apoyos.
El Consejo de Estado explicó, según el caso concreto, que existió un trato discriminatorio contra el Consorcio Vial de Sumapaz.
Si se trata de un guion comprado a un tercero, la contabilización se medirá por su costo de adquisición.
Armonización que realizaron las autoridades judiciales de los artículos del CPT y del CGP no fue caprichosa, inadecuada o violatoria del derecho sustancial.
Cambiar el valor del producto posterior a la compra e indicar al consumidor que debe pagarlo vulnera sus derechos.
Corte protegió derecho pensional de adulto mayor que fue vulnerado por decisiones que desconocieron pronunciamientos sobre principio de favorabilidad.
Corresponde a las entidades públicas velar por el cumplimiento con la mayor celeridad posible, de manera que se proteja el erario.
Cuando el contrato de suministro no contenga cláusula de exclusividad, suministrado puede celebrar acuerdos sin afectar primera relación.
Enfermedad grave se entiende como aquella que impide al apoderado realizar actos de conducta atinentes a la realización de la gestión encomendada.
En este contrato la locación no tiene como objeto una cosa material, sino un bien inmaterial como es el espacio en línea, explicó el fallo.
El funcionario deberá presentar renuncia a su cargo por lo menos 12 meses antes de la fecha fijada para las elecciones a la alcaldía.
El Congreso transgredió su poder de reforma y afectó un eje definitorio de la Constitución como lo es el Estado social de derecho fundado en la dignidad humana.
El Consejo de Estado precisó qué constituye la contaminación marina y cuáles son los daños de esta.
Los ciudadanos interesados en enviar sus comentarios al documento lo podrán hacer al correo electrónico gobiernodigital@mintic.gov.co, hasta el 17 de septiembre.
Este es un derecho fundamental que trasciende el campo puramente ambiental, precisó la Corte Constitucional.
La exclusión se continúa ejecutando sin menos cabo de la concesión de un espacio comercial para la venta y consumo de alimentos.
La providencia explicó que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces.
Por medio de un auto, el Consejo de Estado precisó cómo opera la caducidad de este medio de control
El Gobierno reglamentará los procedimientos que se requieran para facilitar la importación y la reexportación de las mercancías requeridas para la realización de la competencia.
Las personas tienen derecho a que en todo momento se declare su estatus de pensionado y se defina el valor real de su pensión.
La noción de cargo público aplica a quienes desempeñan un empleo público basado en la vinculación legal y reglamentaria.
En el evento en que ya se cuente con RUT, este deberá actualizarse adicionando la calidad de importador.
Cuando existe vulneración o amenaza a derechos fundamentales, las decisiones pueden ir más allá de lo pedido.
Al interesado en su reparación le corresponderá, además de probar su ocurrencia, acreditar su extensión o dimensión, esto es, su cuantía o ‘quantum indemnizatorio’.
Así, exceptúa a las vigiladas de verificar la identidad de beneficiarios finales y accionistas o asociados de los potenciales clientes cuando estén listados en bolsas de valores internacionales.
Se busca que los usuarios no vean mayores incrementos en el costo del servicio cuando sean atendidos por un distribuidor que se acoja al mecanismo.
La norma prevé una asesoría previa antes del inicio del trámite de autorización, con el fin de facilitar la acreditación de las condiciones requeridas.
Según los demandantes, las fuerzas militares omitieron reforzar la seguridad en la región, a pesar de la arremetida de grupos violentos.
Las faltas a las normas de ética podrían implicar desde amonestación hasta la cancelación de su inscripción.
El reconocimiento y pago de las incapacidades fueron atribuidas a los distintos agentes del sistema.
Cada una de las entidades que hacen parte de la VUCE definirán los criterios de riesgo y las validaciones que deban tenerse en cuenta para la aprobación automática de las solicitudes.
El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa.
La carpeta permite a la ciudadanía acceder a los documentos que son resultado de los trámites que realiza con las entidades de forma sencilla y ágil.
Un abogado fue investigado y sancionado en primera instancia, al incurrir en maniobras dilatorias ante el tribunal de arbitramento.
Se materializa cuando la sociedad emite acciones y quienes las suscriben pagan por las mismas un mayor valor al nominal asignado.
Juez debe estudiar si en el laudo se exponen los fundamentos que sustentan la decisión, explicó el Consejo de Estado.
El plazo fue otorgado para que los partidos políticos, procesos y prácticas organizativas de juventudes y jóvenes independientes puedan inscribir sus candidatos o terminar la inscripción de las listas preinscritas.
El decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
Con la nueva norma expedida por el Ministerio del Interior se deroga el Decreto 580, del 31 de mayo del 2021.
La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso de un soldado en servicio activo diagnosticado con VIH.
La libertad de cultos no comprende el derecho de afectar bienes jurídicos fundamentales ajenos, menos el de la vida.
Sus integrantes no son servidores públicos y, por ende, no se configura la prohibición constitucional.
Por ahora, el documento emitido solo es válido en el país; sin embargo, el Ejecutivo construyó este certificado con plena observancia de las recomendaciones técnicas emitidas por la OMS.
El verbo rector que establece la norma es ‘ejercer’, de manera que el simple nombramiento no inhabilita al revisor fiscal.
El fallo explicó que la ineficacia de un negocio jurídico comprende las diferentes variables que afectan las repercusiones esperadas de los acuerdos privados.
El llamado es especialmente para los conductores con licencia de conducción de servicio particular expedida en año 2012, que no tenga su fecha de vencimiento o que esta sea el día 10 de enero del 2022.
