La Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó la nulidad de la adjudicación del contrato para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa – Bogotá – Girardot, otorgado por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), así como la nulidad absoluta de ese contrato. Sin embargo, estableció que no procede el reconocimiento de restituciones mutuas a los concursantes que hicieron parte de la puja por esta obra de infraestructura vial.

Del mismo modo, confirmó la decisión de enviar copia de la sentencia a la Procuraduría y a la Fiscalía para que, en el marco de sus competencias, determinen si hay lugar a investigar una probable falta disciplinaria o violaciones a la legislación penal que pudieran haber tenido lugar en el curso de esta licitación pública.

La corporación aseguró que existió un trato discriminatorio contra el Consorcio Vial de Sumapaz. Además, que el adjudicatario del proyecto tuvo acceso anticipado a la propuesta del demandante con el único objetivo de desvirtuar su experiencia en la construcción de túneles, en detrimento del derecho a la igualdad, de la imparcialidad del proceso licitatorio y conduciendo así a una desviación de poder.

Igualmente, el alto tribunal consideró que se violó el principio de igualdad, en la medida en que al asistente técnico presentado por la concesión no se le exigieron los mismos requisitos para acreditar su experiencia, como sí se los exigieron al asistente técnico del consorcio vial del Sumapaz. A su juicio, ninguna de las dos concursantes era elegible, razón por la cual no hay lugar a indemnizar a la demandante (C. P. Marta Nubia Velásquez Rico).