Aprobado plan nacional de política criminal 2022-2025
La normativa cuenta con una asignación de recursos estimada en $ 42.895 millones y establece la hoja de ruta en materia de política criminal para cuatro años.
La normativa cuenta con una asignación de recursos estimada en $ 42.895 millones y establece la hoja de ruta en materia de política criminal para cuatro años.
Una vez suscrita la fórmula de terminación por mutuo acuerdo, la obligación derivada de la liquidación oficial de revisión se extingue.
Explican el derecho de las personas sometidas a un procedimiento sancionatorio en el que se empleen videos como medios probatorios para acceder a ellos.
Para estipular una cláusula de esta naturaleza se exige el voy favorable de todas las acciones suscritas.
La Corte Constitucional estudió la prohibición a las empresas prestadoras del servicio de energía de trasladar a los usuarios estos costos, por violación del criterio de recuperación de costos.
El SGSSS reconocerá a los afiliados al régimen contributivo incapacidad por enfermedad general a través de las EPS.
La variación mensual del IPC para mayo fue de 0,84 %.
Lejos de ser un proceso adversarial, la mediación busca comprender la situación más allá de los límites legales y se da a la tarea de proponer soluciones en contexto.
Con la medida se excluye, temporalmente, el 100 % de los gastos de transporte, así como los gastos conexos, desde el lugar de entrega de las mercancías en el exterior hasta el de importación.
Se considera acto fraudulento no indicar dentro de un proceso el domicilio del demandado para efectos de notificación, a pesar de tener conocimiento sobre él.
En el caso objeto de estudio se determinó que a pesar de reconocer la conducta de abuso del derecho no puede accederse a la pretensión, pues no se acreditó el nexo causal.
Explican que para que proceda la ineficacia del cambio de régimen pensional el análisis se centra en el deber de información y buen consejo que compete a las administradoras.
La garantía legal comprende la entrega material del producto adquirido, de acuerdo con el Estatuto del Consumidor.
Una solicitud de compensación sin pronunciamiento administrativo es insuficiente para saldar una obligación tributaria.
Entrega directa o a través de un operador dependerá de lo consagrado en el contrato de condiciones uniformes.
Cónyuge supérstite cumple con el requisito de convivencia efectiva para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pese a no compartir techo con el causante.
Dolo se configura aun cuando la individualización del objeto sobre el que recae la conducta no dependió del autor.
Actualmente, se cuenta con el Consejo Nacional de Salud Mental, como órgano asesor para la toma de decisiones.
Consejo de Estado estudió si se configuró falla del servicio por rematar, sin orden judicial, bienes recibidos en calidad de depositario y que un juez declaró legal.
Además del vínculo de subordinación, debe existir entre las entidades unidad de propósito y dirección.
Los programas de ordenador se puedan patentar cuando se prueba que forman parte de la cadena de producción o distribución del producto.
El corredor como simple intermediario no es un mandatario, no tiene la representación del comitente, ni realiza ningún acto jurídico por cuenta de este: Corte Suprema
La autoridad requerirá al presunto infractor la presentación de los documentos tanto del conductor como del vehículo.
El trámite de las cuotas partes por cobrar que se causen a partir del cierre de la liquidación de una entidad es responsabilidad de la entidad con la que se realice la conmutación pensional.
Explican la vulneración por imposición del pago de los gastos derivados de la práctica de un dictamen pericial sin tener en cuenta que fue concedido el amparo de pobreza.
En este evento, no aplica la norma que les permite realizar rembolsos a los usuarios en servicios prestados por la misma aerolínea.
La certificación permitirá, entre otras cosas, que sus titulares puedan acceder al sistema de salud y pensión, contraten o suscriban productos y/o servicios con entidades financieras y convaliden sus títulos profesionales ante el Ministerio de Educación.
Todos los gastos por concepto de la avería gruesa declarada corresponden a un pago adicional que en toda travesía marítima puede presentarse a raíz del medio de transporte utilizado, en el cual los riesgos son mayores.
Los abogados deben observar mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos.
A pesar de que la accionante no ha adelantado ningún trámite encaminado a que se regularice la situación migratoria de su hija, a la menor de edad se le debe garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
Los servicios digitales de la DIAN permiten que este reconocimiento de saldos se pueda llevar a cabo de forma fácil y ágil.
Declaran constitucional Convenio para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias.
La normativa permitirá, entre otras cosas, la implementación de 7.500 estufas ecoeficientes, la restauración de cerca de 10.000 hectáreas con ecosistemas y la ejecución de proyectos de carbono azul en manglares.
La Corte Constitucional reitera la protección reforzada del derecho a la libertad de información de los periodistas.
El ordenamiento jurídico consagra de cara al fenómeno de la prescripción la suspensión a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría en materia laboral.
¿El principio de confianza legítima del abogado en su asistente o secretaria excluye de la falta culposa de no informar al cliente las resultas de la gestión?
Las modificaciones se realizaron teniendo en cuenta los avances que ha tenido la ciencia y la tecnología en las operaciones y los cambios normativos en seguridad y salud en el trabajo.
Depende de la mesada que reciban y el aporte que realicen a las mismas, excepto la cuota monetaria.
El Decreto Legislativo 491/20 indica que la aplicación de las normas ordinarias que regulan la notificación electrónica por parte de la autoridad tributaria están supeditadas a que finalice la emergencia por covid-19.
Los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio designados por el Gobierno Nacional son sus voceros.
Con esta medida se reconocen los aprendizajes obtenidos a lo largo de la vida por una persona, independiente de dónde, cuándo y cómo fueron adquiridos.
La Corte explicó que se desconoce la reserva legal al delegar la reglamentación de una materia que no había sido previamente regulada en la ley.
Para que proceda la ineficacia del cambio de régimen pensional no se exige que al tiempo del traslado el usuario cuente con un derecho consolidado.
La parte interesada debe llevar el testimonio directo del agente investigador que realizó el informe, a fin de que declare aspectos de forma directa y personal.
Las consecuencias del voto en blanco cuando sea mayoría respecto de los votos válidos solo aplican para las elecciones populares y no a las votaciones realizadas para elegir a los integrantes de las mesas directivas de las plenarias del Congreso.
Minvivienda modifica los montos, características, requisitos y condiciones de las viviendas de interés social y de interés social prioritario.
Para cuando el contribuyente del impuesto sobre la renta necesite soportar los costos o deducciones derivados de la operación.
El alto tribunal resolvió sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres cabezas de familia que se encuentran en provisionalidad.
La exportación de los productos adquiridos en su mismo estado o una vez transformados debe efectuarse directamente al exterior.
En muchas situaciones los consumidores exigen la devolución del dinero o el cambio del producto al primer defecto que se presente.
Entre las modificaciones se encuentra el cambio de responsabilidad del Programa único de alimentación el cual estaba a cargo del Bienestar Familiar y pasa a la Unidad para las Víctimas.
Límite de 420 UVT mensuales vulnera el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política.
El análisis de la responsabilidad patrimonial tiene como referente las disposiciones comerciales, en el contexto de la responsabilidad extracontractual o por culpa in contrahendo.
Si bien capital y prima de emisión de acciones integran el patrimonio social, pueden ser rembolsados de manera independiente.
La contraloría escolar propuesta por un concejo municipal implica la creación de un nuevo órgano en los establecimientos educativos estatales, lo que modificaría la Ley General de Educación.
Se deben prever tarifas que den un tratamiento especial a las pequeñas empresas para que paguen un menor porcentaje en relación con los comerciantes de alto patrimonio.
Norma que incentiva la instalación y uso no se refiere a vehículos de servicio particular, pero tampoco existe prohibición.
Como medida de reparación no pecuniaria se ordenó a una institución educativa ofrecer excusas a docente discriminada por ser activista sindical.
Las entidades públicas que desean negociar su bienes intangibles deben cumplir las disposiciones de derecho privado que resulten aplicables.
Dictámenes de calificación de invalidez no constituyen la única ni última prueba de la pérdida de capacidad laboral de una persona.
8 mujeres y 53 hombres conforman el listado de aspirantes a la terna de la que se elegirá el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
El Gobierno podrá incorporar dentro del PGN las partidas necesarias para la creación de programas de acompañamiento para las personas contagiadas con el virus.
En firme el acto administrativo de cancelación, la agencia de aduanas no podrá desarrollar actividades de agenciamiento aduanero.
Precisan la protección del acceso a la administración de justicia y el deber de protección de la información contenida en el expediente.
La omisión de elaborar y aprobar el plan especial de manejo y protección para el sector antiguo de Cartagena (bien de interés cultural de la Nación) amenaza el derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación.
Así mismo, le corresponde comprobar, con la información de la hoja de vida, las certificaciones de estudios y certificados laborales.
En caso de existir simultaneidad deberá establecerse una repartición proporcional al tiempo compartido: Corte Constitucional.
Basta que el pasivo no supere el 70 % de los activos sociales y no se haya iniciado la distribución del remanente.
Las entidades territoriales solo pueden determinar exenciones o tratamientos preferenciales en relación con los tributos de su propiedad.
Cualquier asignación académica por encima de las establecidas o del tiempo de permanencia mínimo no genera automáticamente horas extras.
La compañía fue sancionada con $ 220 millones, luego de que la Superindustria evidenciara fallas en la calidad del servicio posventa a los consumidores.
La Corte Constitucional dio a conocer el fallo sobre el aborto, precisó por qué es procedente un pronunciamiento de fondo a pesar de la Sentencia C-355/06.
Corresponde al juez laboral, no al de tutela, determinar quién es el titular de la sustitución de la pensión.
No es procedente conceder el recurso de apelación para controvertir el auto por medio del cual se imponer multa al quejoso temerario.
Superfinanciera certificó el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 20,40 %.
La primera dama como gestora social no desempeña un cargo público, ni tiene la calidad de servidora.
Explican por qué emitir una sentencia anticipada da prevalencia a la celeridad y economía procesal.
El juez de conocimiento podrá disponer la práctica presencial de la prueba cuando lo considere necesario.
Cuando por un error atribuible a una entidad se concede un derecho a quien no cumplía los requisitos legales no es posible que se valga de su incuria para recuperar las sumas percibidas de buena fe.
Más de $ 26 mil millones serán distribuidos en 10 municipios del país.
Se suspende cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la segunda vuelta, si es el caso.
Explican que la relación entre beneficiarios y prestadores de servicios públicos domiciliarios es contractual.
La Resolución 244 del 2019 no excluyó expresamente las sillas de ruedas manuales, por lo cual se entiende expresamente incluidas en el PBS.
La suspensión del término para notificar el requerimiento especial se condiciona a la existencia real de la inspección tributaria.
A partir del 1º de noviembre del 2021, los prestadores deben aplicar lo previsto en los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994.
Han trascurrido 22 años desde que se dispuso la obligación a la Superintendencia de Notariado y Registro y la entidad ha incumplido con el mandato.
Luego de que Minhacienda restringiera las transacciones por ventanilla, todos los pagos de costos de reproducción se deberán realizar a través de PSE del portal oficial del Banco Agrario.
El Consejo de Estado estudió un caso en el que se nombró a una funcionaria sin cumplir con los requisitos para el cargo.
Entes territoriales no pueden excusar su responsabilidad alegando que la comunidad que sufre el riesgo es responsable de su causación, pues nada exonera a la autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
Un empleado está en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios y atiende determinadas actividades especiales.
Exequible por garantizar la dignidad y bienestar de las personas condenadas.
La Sentencia C-218/15 declaró inconstitucional la fórmula prevista por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Durante este mes, la tasa de desempleo en mujeres fue 5,2 p.p. superior a la registrada en los hombres.
La compañía está autorizada para emitir, suscribir y colocar bonos hasta por $ 405.092.036.045.
El criterio para determinar la inscripción considera, entre otros factores, la realización de la actividad económica.
Los emisores deberán remitir, a más tardar el 3 de octubre del 2022, un plan de implementación que contenga las actividades específicas para dar cumplimiento a la instrucciones.
El Ejecutivo reglamentó las condiciones para la prestación del servicio de transporte escolar en virtud del número de habitantes del municipio en donde se requiera su contratación.
La segunda jornada electoral para definir el próximo Presidente de Colombia se llevará a cabo el próximo 19 de junio.
A pesar de las múltiples críticas que se han realizado a la legislación que se expide como solución a episodios puntuales de corrupción en la contratación con dineros públicos, el legislador sigue insistiendo en aprobar normas sobre gestión contractual del Estado.
El egresado tendrá que prestar su servicio por un año, conforme lo dispone la Ley 1164 del 2007.
Padres biológicos podrán cobrar de manera simultánea la cuota monetaria, si la sumatoria de las remuneraciones no supera cuatro SMLMV.
La Corte Constitucional expresó preocupación porque se utilizan mecanismos de flexibilización laboral para evadir obligaciones con las trabajadoras en estado de embarazo.
La pretensión de usucapión del comunero respecto de las cuotas de los condueños para salir avante exige de un esfuerzo demostrativo mayúsculo por la especial condición que las caracteriza.
La Corte Constitucional ordenó el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por adopción a un menor venezolano a cargo del ICBF desde hace más de dos años.
Administración de los bienes dispuestos para que funcionen las instituciones educativas está a cargo del rector, bajo orientaciones del consejo directivo.
La modificación se realizó por solicitud de la compañía, tras evidenciar que en caja existen recursos por mayor valor a los aprobados.
Sin lesionar el principio de congruencia, es posible que el juez profiera sentencia por un comportamiento punible distinto al consignado en la acusación.
Dentro de las funciones se excluye de manera taxativa la de participar en los procedimientos administrativos de la entidad.
Para el demandante, la norma acusada vulnera el debido proceso y cinco artículos de la Constitución Política.
La medida iniciará a las 6: 00 p. m. de este sábado y hasta las 12 p. m. del lunes 30 de mayo.
ÁMBITO JURÍDICO ofrece el paso a paso para participar en esta importante jornada democrática.
Dar prelación a la exigencia de convivencia plasmada en la ley o en la jurisprudencia constituye un escenario que revictimiza a quienes fueron afectados por hechos de violencia.
Es necesario que el máximo órgano social apruebe la forma como se realizará la operación y el avalúo de los bienes que se van a entregar.
Declaran la inexequibilidad por violación de la unidad de materia al vulnerar las competencias de los Concejos Municipales y Distritales.
Sancionan a abogado por haber ejercido al representar a un indiciado en proceso penal, estando suspendido.
Las directrices solo aplicaran para vehículos de transporte público y particular de carga, público de pasajeros y mixto; remolques y semirremolques.
Para la conversión de la tenencia en posesión a iniciativa del poseedor es indispensable la realización por su parte de actos claros, contundentes e idóneos, ostensiblemente indicativos del cambio.
Las empresas que deseen obtener el reconocimiento deberán pagar a sus proveedores en plazos menores o iguales a 45 días calendario.
En todo caso, deberá presentar su renuncia y la misma ser aceptada antes de la inscripción de su candidatura.
Corresponde a los proveedores suministrar en todo momento información cierta, suficiente y clara de los productos que ofrecen.
Los siete nuevos municipios contarán con los servicios virtuales de la plataforma entre mayo y agosto del 2022.
¿Desde cuándo se debe contabilizar el término para pedir la anulación de un laudo arbitral del que se solicitó su aclaración, adición o corrección?
Ordenan al INS y al Ministerio de Salud modificar el lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia.
Falta de legitimación en la causa por pasiva de herederos en acción de repetición.
Conozca el caso del diputado que respaldó la candidatura a la gobernación de una persona que no fue inscrita ni avalada por su organización política.
El régimen laboral especial de los empleados DAS fue incorporado para los de la Unidad Nacional de Protección.
La investigación se da por uso de “cookies” que se guardan en los teléfonos para recolectar datos personales y rastrear comportamientos.
Dichos instrumentos deben ser interpretados a la luz de principios y fines que son superiores a los que persigue la Ley 996 del 2005 (Ley de Garantías).
La Auditoría General fijó el puntaje crítico o punto de corte en 70 puntos.
La convocatoria busca seleccionar hasta 40 profesionales.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronuncia sobre esta posibilidad de fusionar ante inquietud del Ministerio de Hacienda.
La ciudadanía tendrá plazo de dar a conocer sus observaciones por la página del DNP, hasta el 7 de junio.
Se considera adquirida en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.
Deben considerarse los ingresos exentos del impuesto sobre la renta señalados en el artículo 206 del Estatuto Tributario.
Luego de la polémica suscitada por la no inclusión de los testigos electorales en el Decreto 830, el Gobierno confirma sus lineamientos.
Cuando las condenas impuestas superen la cuantía del proceso de única instancia esto debe tenerse en cuenta al momento de pronunciarse sobre recurso de apelación.
Conforme a la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, la aplicación del principio iura novit curia y de la tutela judicial efectiva se reconoce pensión de jubilación a persona sin estatus pensional.
El contrato de mutuo dispuesto en el Código Civil no corresponde a una venta de bienes y/o prestación de servicios.
El título de imputación aplicable en asuntos médico sanitarios es el de falla probada del servicio, por lo que el demandante debe acreditar el daño y probar la falla del acto médico.
Conozca en esta nota cómo actualizar el domicilio profesional de abogado.
Supersalud modifica las fechas de entrega del informe y realización de auditorías a entidades prestadoras de salud.
La Organización de Estados Americanos le otorgó este reconocimiento, que le permite continuar con la protección de derechos humanos y garantías judiciales.
No le es dable al interprete realizar distinciones donde la disposición normativa no lo hace expresamente.
Los abogados deben respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.
Este registro permite conocer el número de personas en situación de discapacidad y sus condiciones de vida.
Se debe analizar si el reglamento de propiedad horizontal consagra reglas específicas sobre el particular, así como las facultades de la asamblea.
Existen amenazas como la estigmatización del sector empresarial en el discurso oficial, el exceso en la potestad reglamentaria y el desconocimiento de la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Es contrario al respeto a la dignidad humana que un médico ordene el suministro de insumos y no cumpla con las obligaciones que le corresponde realizar para materializarlo.
Con el fin de facilitar el acceso a los servicios e información de las entidades del Estado, los funcionarios están en la obligación de trabajar para la eliminación de cobros no autorizados legalmente.
La asignación de delegados para el acompañamiento y seguimiento al proceso electoral, entre las medidas anunciadas.
Quien se abstiene podría estar manifestando que la decisión colectiva debe orientarse en el sentido de que no se produzca una decisión.
Al no contar con el concepto vinculante previo a la autorización del peaje y la fijación del cobro de la tasa a los usuarios de la ruta se declaró la nulidad del acto administrativo demandado.
Los trabajadores no sindicalizados por la voluntad de estos de adherirse al acuerdo extralegal.
Los abogados están compelidos a adecuar su actuación profesional bajo criterios de prontitud, rapidez y velocidad.
La entidad que tiene conocimiento de amenazas o una situación concreta de riesgo debe dar protección y seguridad.
La sanción moratoria no se puede extender a los eventos en que hubo lugar a un reajuste de las cesantías por inconsistencia en el monto liquidado o discutido al tiempo de liquidación.
Dicho trámite aplicará para el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional.
Una vez se publique la lista de elegibles definitiva, el provisional deberá ser retirado o, si es prepensionado, ser reubicado si es posible.
En un comunicado, el ente acusador que no participa de grupos en redes sociales para promocionar material útil para sus pruebas.
El Consejo de Estado declaró la improcedencia del medio de control por falta de acreditación de una causa común que hubiere afectado a 20 personas o más.
El Ministerio de Transporte modificó el Decreto 4165 del 2011.
Se evidenciaron conductas como incluir cláusulas abusivas que limitaban la responsabilidad del operador y desconocer la titularidad de las líneas.
La Corte Constitucional consideró que debe continuar con la articulación progresiva de los procesos para la atención educativa a la diversidad de estudiantes.
Superservicios modificó los términos para la atención de las peticiones de los usuarios, estipulados en el Decreto 491/20, y retomó los plazos previstos en la Ley 1437/11.
El interesado en que se reglamente el asunto debe realizar la solicitud al mandatario del municipio donde esté ubicado el inmueble.
Explican por qué la nulidad del trámite solo procede contra las actuaciones de los jueces, que sí son vinculantes.
No puede evadir su responsabilidad expresando que confió a sus empleados la tarea de renunciar a los poderes, puesto que el deber principal recae en el profesional.
Se deberá pedir perdón públicamente al pueblo Wounaan, por el daño causado durante su desplazamiento.
La celebración de contratos para la destrucción y/o chatarrización de mercancías, la organización del gasto de las sentencias y la suscripción de contratos de aprendizaje, entre los ajustes de la entidad.
La Corte Constitucional admitió la acción contra el artículo 39 (parcial) de la Ley 2200 del 2022, sobre la organización y funcionamiento de los departamentos.
La disposición del Código Electoral establece el beneficio de manera clara, sin contemplar excepciones.
La norma aumenta de seis meses a tres años la caducidad de las demandas por acciones derivadas de acoso laboral.
Al omitir el deber legal de asistir a las audiencias programadas donde fungió como defensor impidió que siguiera adelante ese proceso, de manera célere y efectiva.
La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador.
El juez se dirigirá al superior del responsable del agravio y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el procedimiento disciplinario.
La revocatoria directa no opera frente a las declaraciones privadas presentadas por los contribuyentes, pues tales declaraciones no son manifestaciones de voluntad emanadas de una entidad pública.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la política presentada por la Auditoría General de la República.
“Esta maestría es un escenario de formación y discusión académica para todos aquellos que estén interesados en los problemas de la administración de justicia”.
Es deducible por amortización de inversiones el pago que se asume para adquirir el derecho a suscribir un contrato que se realiza para la actividad productora de renta.
La autonomía indígena no puede afectar el núcleo esencial del principio del interés superior de una menor de edad víctima.
El objetivo es orientar a las empresas que derivan su ingreso de dicha práctica deportiva, velando por el cumplimiento de la normativa.
Declaración en cero es una regla que puede establecer la administración municipal en ejercicio de su autonomía.
De acuerdo con el demandante, la norma acusada viola el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual contenida en el principio de dignidad humana.
Con un presupuesto de más de $ 45.000 millones, la nueva política tiene como propósito acelerar el progreso y el crecimiento de los diferentes territorios y la economía del país.
¿Se puede considerar como único empleador cuando este remite al trabajador doméstico a cumplir labores en otras residencias?
Las condiciones que contengan los compromisos de pago serán aquellas que las partes consideren adecuadas a sus posibilidades e intereses.
Inmuebles que fueron baldíos adjudicados a sus ocupantes no podrán ser enajenados si su extensión es mayor a la unidad agrícola familiar de la zona en la cual están ubicados.
Siempre se debe probar la injerencia de la expensa en la actividad productora de renta.
No existe conexión competitiva cuando los productos amparados por los signos confrontados se dirigen a consumidores diferentes, tienen finalidades disímiles, porque no son sustituibles entre sí o porque tampoco son complementarios.
Superfinanciera realizó dicha modificación en medio de las estrategias realizadas para que el país obtenga una recalificación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Explican por qué en el delito de inasistencia alimentaria para la suspensión condicional de la ejecución de la pena no es necesaria la indemnización integral.
Minsalud establece lineamientos para la aplicación de dosis de refuerzo en menores entre 12 y 17 años.
Si existen dudas sobre la relación laboral que causó las cotizaciones le corresponde a los jueces laborales decretar pruebas de oficio para aclarar los hechos.
Es necesario revisar cada caso y establecer, por ejemplo, si resulta afectado el porcentaje que debe estar soportado.
Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales el funcionario debe ordenar su libertad.
Solo pueden considerarse motivos de incompatibilidad o inhabilidad para el ejercicio de la profesión contable consagradas de manera taxativa.
El comité de conciliación decidirá sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos que no dé lugar a investigaciones disciplinarias ni fiscales.
El Congreso deberá superar el vacío normativo que existe para el caso de estos contratos: Corte Constitucional.
Se incumple el deber de diligencia al no subsanar el escrito de demanda en el término otorgado por el juez.
La única acción procedente es la devolución del dinero cancelado a título de precio por el bien o servicio.