La rigurosidad de la disciplina castrense no sirve de excusa para ejercer la potestad disciplinaria de manera arbitraria, advirtió el Consejo de Estado.
Según Yesid Reyes, las peticiones encaminadas a convertir en salariales las bonificaciones de nivelación salarial costarían entre 3 y 6 billones de pesos.
El hecho de bancarizar el pago de aspectos financieros con efectos fiscales no implica el uso de medios de pago de terceros, sin que exista una causal jurídica de origen.
La iniciativa plantea la creación de una comisión técnica de implementación del cannabis medicinal y una comisión legal de seguimiento a esa implementación.
Las restricciones a la competencia para elegir previstas en el artículo 126 de la Constitución no se limitan a los vínculos de consanguinidad, maritales o de unión permanente.
El estudio del desplazamiento debe hacerse bajo la óptica de la falla del servicio, bien sea por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales.
Cuando la restitución jurídica y material del inmueble despojado es imposible o el despojado no puede retornar, el Estado debe ofrecer alternativas de restitución.
La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes puede conformarse si la sociedad conyugal derivada de un vínculo matrimonial anterior está disuelta y no ha sido liquidada.
El tratamiento menos gravoso para estas conductas hace pensar que se le da menor valor a la vida de los niños nacidos en estas condiciones, afirmaba la demanda.
El tratamiento menos gravoso para estas conductas hace pensar que se le da menor valor a la vida de los niños nacidos en estas condiciones, afirmaba la demanda.
La clasificación busca entender las problemáticas de los territorios y aplicar políticas públicas diferenciales que permitan atender sus necesidades y requerimientos.
La Corte Constitucional ya había declarado exequible el artículo 116 de la Ley 115 de 1994, que excluía a estos aspirantes de la posibilidad de concursar.
Una fuente de recursos serían los depósitos judiciales vencidos que están abandonados en el Banco Agrario, cuyo monto asciende a cuatro billones de pesos.
La propuesta incluye la figura del “terrorista solitario”, con la que se prescinde de la norma actual que obliga a la fiscalía a demostrar la pertenencia de un sospechoso a una asociación ilegal.
La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por las lesiones que sufrió un patrullero.
El incumplimiento de esa carga afecta el mínimo vital y desatiende el deber del Estado y las familias de velar por la seguridad de quienes están en circunstancia de debilidad manifiesta.
Los consumidores pueden ejercer acciones ante la justicia ordinaria o ante la entidad de supervisión (acciones jurisdiccionales), con la interposición de la respectiva demanda.
La corporación ratificó la condena a 35 años de prisión impuesta al militar por desapariciones ocurridas durante el Holocausto del Palacio de Justicia.
La implementación de los escáneres reducirá los tiempos de inspección y brindará herramientas a las autoridades de control, para fortalecer la seguridad.
El proyecto de financiamiento para la paz, la equidad y la educación, que crea el impuesto a la riqueza, se llevaría a discusión de la plenaria de Senado el 9 de diciembre.
El proyecto de financiamiento para la paz, la equidad y la educación, que crea el impuesto a la riqueza, se llevaría a discusión de la plenaria de Senado el 9 de diciembre.
Según la entidad, es urgente revisar la normativa minera, para establecer sanciones que permitan castigar de manera efectiva a los directos responsables.
El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional, por haber disparado gas lacrimógeno sin atender al Manual de Atención, Manejo y Control de Multitudes.
La norma permite realizar pagos y giros mediante teléfonos celulares, internet y tarjetas débito, con cuentas que están exentas del gravamen a los movimientos financieros.
En 1998, Alaska y Hawai fueron los primeros estados de EE UU en establecer enmiendas constitucionales en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Aunque el mandatario se ha mostrado dispuesto a participar en el caso, en los últimos días sus abogados presentaron ante el tribunal una petición para evitar su comparecencia.
La Fiscalía señaló que tiene pruebas de que el homicidio de ambos defensores de derechos humanos fue perpetrado por un grupo conocido como ‘Los Tangueros’.