El Consejo de Estado sostuvo que si los hechos de desplazamiento forzado de los que comúnmente son objeto las víctimas de la violencia en Colombia son originados por agentes estatales, la producción del daño es doblemente reprochable. Así lo estableció la Sección Tercera, al comprobar que el daño antijurídico que sufrió un civil por tener que abandonar su lugar de residencia en Granada (Meta) fue el resultado de presiones que recibió por parte de integrantes del DAS. Atendiendo la gravedad de las circunstancias que rodearon este episodio desplazamiento, el alto tribunal solicitó a la administración que evalúe la conveniencia de poner el caso a consideración de los organismos de justicia a nivel internacional. La providencia hace referencia a casos que llamó emblemáticos, como los de Ituango (Antioquia) y Mapiripán (Meta), que merecieron pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría ocuparse del desarrollo de las investigaciones respectivas. En cumplimiento del Decreto 4057 del 2011, que definió qué entidades asumirían los procesos judiciales contra el desaparecido DAS, el Consejo de Estado profirió la condena contra la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (C.P. Jaime Santofimio).