Las personas que hurten, roben o comercialicen tapas de alcantarillas, cables de teléfono o que participen directa o indirectamente en el daño parcial o integral a la infraestructura pública del país serían castigados penalmente.

Así lo propone un proyecto de ley que fue aprobado este martes por unanimidad en la Comisión Primera del Senado.

La iniciativa, además de proponer sanciones penales, obliga a las empresas de servicios a revisar periódicamente los equipamientos en espacio público, para velar por que estén en buenas condiciones.

El proyecto de ley, que hará tránsito a la plenaria del Senado, eleva a tres años de cárcel la sanción para aquel que sea protagonista del hurto de alcantarillas.

“Con esta sanción penal, se busca proteger la infraestructura de servicios públicos del país”, sostuvo el autor de la iniciativa, el senador Mauricio Lizcano. Así mismo, aseguró que este delito dejará de ser excarcelable y que también “se obliga a la Superintendencia de Servicios Públicos a que imponga sanciones y resuelva en cuestión de horas las solicitudes de los ciudadanos que denuncien el robo de las tapas”.

Finalmente, agregó que “se imponen medidas económicas y se eliminan los beneficios tributarios a las empresas que no reporten la infraestructura robada”.