Si bien el funcionamiento de la defensoría del consumidor financiero supone el uso de recursos de las entidades bancarias, existen varios aspectos que garantizan y fortalecen la independencia de quienes la conforman, como la posesión ante la Superintendencia Financiera, el respectivo registro, informes anuales de gestión, causales específicas de terminación de funciones, inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo, posibilidad de quejas por parte de los consumidores, vigilancia y, en general, aplicación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en aspectos puntuales como el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1328 del 2009 (Reforma Financiera).