El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, le solicitó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tomar medidas para la descongestión judicial.

Entre otras, está la asignación de jueces especiales para casos priorizados y la suspensión de reparto a los jueces que conocen procesos de connotación, con el fin de evitar dilaciones que afectan la adecuada administración de justicia y la reparación a las víctimas en casos de importancia nacional.

Adicionalmente, el alto funcionario manifestó que, a pesar del fortalecimiento de las capacidades de la entidad en la etapa de investigación y acusación gracias al proceso de modernización y restructuración, se evidencian retrasos al momento de la presentación de los casos ante los jueces.

Al respecto, destacó el caso de Interbolsa, en el cual la audiencia de imputación tomó más de seis meses para ser evacuada, o los procesos relacionados con el llamado carrusel de la contratación en Bogotá, que han tenido demoras e, incluso, han estado cerca del vencimiento de términos.

En ese caso del carrusel, señaló Montealegre, la audiencia preparatoria contra el exalcalde Samuel Moreno ha tomado cerca de dos años, y el recurso de apelación de la audiencia preparatoria en el proceso de Lucy de Moreno lleva más de un año sin ser resuelto en el Tribunal Superior de Bogotá.

Así mismo, citó uno de los procesos del desfalco a la DIAN, cuya audiencia preparatoria lleva más de 50 sesiones, y también el de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

La petición se dio luego de la negativa del Consejo Superior de la Judicatura a la propuesta de la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en Materia Penal de la Fiscalía, referente a la creación de jueces para casos especiales, así como la capacitación de las dos entidades respecto de las nuevas formas de investigación en contexto.

Vale la pena recordar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta noviembre de este año  las medidas de descongestión que estaban vigentes hasta el pasado 31 de julio, y cuya terminación amenazaba con provocar un cese indefinido de actividades de los funcionarios judiciales.