La presidencia del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo instó a los servidores judiciales a adoptar medidas como la manifestación de impedimentos y conflictos de interés, así como la declaración juramentada de bienes antes de la posesión del cargo y después de terminado...
La organización resalta la importancia de que se atiendan estándares éticos, de publicidad y de transparencia en el proceso de elección de los integrantes de la Jurisdicción Especial de Paz, y propone una serie de medidas para su efectivo cumplimiento.
Las personas transgénero tienen derecho a modificar o corregir el componente sexo en el registro civil por medio de dos tramites distintos, el notarial y el trámite de jurisdicción voluntaria.
Dicha restricción, en los términos del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 74 de la Ley 617 del 2000, no incluye a las áreas metropolitanas, aclaró Minhacienda.
Así lo precisó la Superintendencia de Sociedades, y agrega que sólo en el evento que la empresa sea la que financie directamente la venta podría operar.
Llegó al máximo honor para un abogado, presidir el máximo tribunal de la justicia ordinaria, pero su trayectoria también permitió acabar con la polémica puerta giratoria entre altos tribunales.
Una demanda de inconstitucionalidad admitida recientemente en la Corte Constitucional pretende la inexequibilidad del término “seguido del”, del artículo 1° de la Ley 54 de 1989.
La Corte Constitucional recordó que se trata de una práctica mediante la cual, de manera recurrente o sistemática, se ejercen contra un trabajador actos de violencia sicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos.
La Sala Laboral recordó que la autenticidad de un documento debe ser examinada en cada evento, de acuerdo con las reglas probatorias y las circunstancias específicas.
Se pretende recuperar la confianza ciudadana en la justicia con nuevos estándares de transparencia en la información. Las organizaciones piden la publicación de las hojas de vida y las declaraciones de renta de magistrados y conjueces.
Desde hoy, la entidad inicia un proyecto de desmaterialización de dichos títulos bajo su custodia, que aplicará a los procesos de reorganización, validación de un acuerdo de reorganización extrajudicial y liquidación por adjudicación.
El Consejo de Estado hace precisiones sobre la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 del 2003, en el cual se fijan los requisitos del régimen de transición especial para actividades de alto riesgo.
Las autoridades correspondientes deben evaluar si el aspirante cuenta con las aptitudes físicas y sicológicas que se requieren para ingresar a otra modalidad o categoría con un grado de peligrosidad superior.
El Consejo Superior de la Judicatura explica que se trata de una falta relacionada con la lealtad profesional; en el caso en estudio se trasgredió, a título de dolo, el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 del 2007.
Los afiliados al Sistema General de Pensiones tienen el derecho de movilidad, no sólo de regímenes pensionales, también de administradoras dentro del mismo régimen.
En este evento, la responsabilidad no es susceptible de ser analizada con fundamento en los criterios propios de la privación injusta de la libertad, advierte un fallo.
Tanto las carteras del Interior y de Justicia como la Procuraduría General de la Nación coinciden en que una propuesta viable sería la realización de un referendo.
Minhacienda aclara que se entenderán por dichos equipos (tabletas y celulares) los que cumplan con la totalidad de características señaladas en el Decreto 1515 del 2017, recientemente expedido.
La Corte Constitucional dice que no es posible utilizar de manera simultánea los servicios de uno de los regímenes, pero advierte que esta problemática administrativa no debe afectar los derechos de los pacientes.
En una semana se conocerán los 51 togados seleccionados, los cuales harán parte del tribunal y de las salas que componen esta nueva instancia judicial.
El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción a un abogado por incurrir en las faltas descritas en el numeral 3° del artículo 35 y en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007.
Garantía de no incriminación se concreta en la prohibición absoluta a las autoridades de forzar declaraciones de las personas en contra de su cónyuge, compañero permanente o familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Dicha precisión la hizo el ICBF en un reciente concepto, donde recordó que el capítulo IV del libro I del Código de la Infancia y la Adolescencia regula dicho proceso.
La Corte Suprema recordó que un contrato, como fuente de contraprestaciones de contenido económico, eventualmente, puede servir como una modalidad de engaño.
El disciplinado alegó haber actuado en condiciones de inestabilidad mental y síquica, después de trabajar 20 años en la función pública y como litigante.
Recientemente, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública conceptuó sobre el tema y agregó que es importante cumplir con los requerimientos de revelación contenidos en los marcos de información financiera.
La Ley 454 de 1998 definió las competencias de la Superfinanciera y de la Supersolidaria respecto de las entidades del sector cooperativo que desarrollan actividades financieras.
Así lo precisó el CTCP, agregando que le corresponde al consejo de administración tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus objetivos.
Un auto de la Corte Suprema de Justicia indica que las personas privadas de la libertad enfrentan una tensión sobre sus derechos, dada la doble condición que tienen.
Así lo aseguró la Superintendencia de Sociedades, según la Ley 1116 del 2006, y agregó que no es necesario que el acuerdo así lo indique, pues la pérdida del poder adquisitivo es un hecho notorio.
Entre otras razones, esta instancia considera que no se garantiza la protección adecuada a todos los menores; en el caso de la propuesta contra la prostitución recuerda que no es considerada un delito.
Un concepto de la Dian precisa cuáles son los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y las modificaciones en las tarifas de las rentas líquidas no laboral y de capital
La Superfinanciera indicó que el objetivo es promover la recuperación de la cartera y del deudor, permitiendo a las entidades modificar las condiciones inicialmente pactadas.
El desconocimiento del precedente se configura cuando se omite aplicar una sentencia o un conjunto de providencias anterior a un caso, las cuales deben necesariamente considerarse.
Durante la etapa del juicio, la Fiscalía debe ser notificada de manera personal de las decisiones proferidas en el trámite, para que estas cobren ejecutoria.
Un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública precisó que la comisión permite ejercer un nuevo cargo sin perder la condición de empleado de carrera.
El acreedor es a quien le asiste el interés de demostrar la ocurrencia del daño y la cuantificación del perjuicio, sin que pueda descargar en el juzgador todo el peso de esa carga.
Supersociedades explica que no es viable establecer una sucursal para actuar como usuario industrial dentro de la zona franca y otra para operar fuera de la misma.
La demanda que busca declarar la nulidad de un acto particular para poner término a un proceso administrativo y restablecer el derecho del actor debe agotar previamente la vía gubernativa.
La decisión judicial de suspender del cargo al funcionario y, en consecuencia, el pago de salarios y prestaciones no implica que la relación laboral haya finalizado.
Durante tres días, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, estuvo en contacto con el gobierno colombiano, la Fiscalía, magistrados de altas cortes, representantes de víctimas y el Procurador General de la Nación, entre otros.
La Corte Constitucional declaró inexequible la palabra “sirvientes” contenida en el artículo 2075 del Código Civil y la sustituyó, en su lugar, por la expresión “trabajadores o empleados”.
El Comité de Escogencia publicó la lista con los aspirantes a integrar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se encuentran inscritas 199 personas.
Es conveniente solicitar el acompañamiento del Ministerio Público y de las autoridades administrativas de restablecimiento de derechos con el fin de garantizar los derechos de los menores de edad.
La medida fue dada a conocer por la Superintendencia Financiera, que también informó que se expedirá un ajuste normativo al proceso de reestructuración de créditos.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional encontró que en los despachos judiciales existe una dualidad de posturas que hacen imposible determinar un precedente horizontal.
Un fallo precisó que no serán penalmente relevantes los riesgos cuando el daño ha sido generado dentro del riesgo permitido y la observación de la lex artis.
El prestador de los servicios no debe renunciar al pago de los consumos, sino que puede acudir a mecanismos como acuerdos de pago, ejecución de procesos ejecutivos, entre otros.
Tanto el Consejo Superior de la Judicatura como las organizaciones sindicales manifestaron su disposición para continuar el trabajo de fortalecimiento de la administración de justicia.