El Consejo de Estado, con ponencia del consejero Carlos Alberto Zambrano, condenó a las empresas encargadas de la rehabilitación e interventoría del puente sobre el río Unete, en la vía que comunica a Yopal (Casanare) con el municipio de Sogamoso (Boyacá), que colapsó con el paso de un tracto camión. De acuerdo con el pronunciamiento de la Sección Tercera, las entidades públicas tienen la dirección y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia del objeto del contrato; sin embargo, cuando se trata de aspectos técnicos deben valerse del personal idóneo que permita asegurar un correcto seguimiento. De ahí que en los contratos de obra, concluye la Sala, el interventor es el representante de la entidad pública frente al contratista. De este modo, y por el incumplimiento de los contratos, las empresas demandadas deben pagar el 70 % del valor de los perjuicios sufridos por Invías, incluyendo los gastos en que incurrió este instituto para subsanar la emergencia surgida con el colapso del puente.