Sin importar el tipo de sociedad o la nacionalidad de los socios, no existe dentro de la legislación mercantil disposición alguna que prohíba que el representante legal, sea este principal o suplente, resida en lugar diferente a aquel donde la sociedad tenga establecido su domicilio social y, por ende, le corresponde al máximo órgano social evaluar la conveniencia o no de que las personas encargadas de la dirección de la compañía puedan adelantar su labor en estas condiciones y, en particular, si se asegura el cumplimiento de sus funciones. Así lo indicó la Superintendencia de Sociedades, al resolver una consulta sobre el representante de una sociedad por acciones simplificada cuyo accionista único es una sociedad extranjera.