De acuerdo con el demandante, el Congreso se extralimitó en sus funciones al adicionar descuentos al seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

Explican cómo se configura el motivo de la terminación del contrato de trabajo con fundamento en el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional.

Con el fin de evitar duplicidad normativa se hicieron varias derogatorias.

El derecho fundamental al ‘habeas data’ procura al máximo su protección, incluso en situaciones de crisis o emergencias sanitarias derivadas de una pandemia.

El legislador dispuso el deber de reglamentar un sistema de presunción de ingresos que es actualmente exigible y no se ha cumplido hasta el momento.

La norma dispone que ninguna persona podrá ejercer como revisor en más de cinco sociedades por acciones.

De acuerdo con el demandante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no hace parte del Gobierno.

Es legal que el DNP vigile y controle la correcta utilización de los recursos con el fin de constatar se cumplan con los objetivos que les ha trazado la Constitución y la ley.

Si el juez laboral advierte que el acto administrativo expedido por el Ministerio de Trabajo es antijurídico no debe simplemente allanarse a él, sino ofrecer la respuesta jurídica que esté acorde a la ley.

Con la Resolución 100-008992 se modifican las facultades de la oficina de control disciplinario interno.

La censura procede cuando no se actúa con la debida diligencia exigida para el cumplimiento del mandato judicial encargado.

La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 388 de 1997.

La Corte Suprema de Justicia aclara si al juez le es imprescindible verificar la validez de la aceptación de cargos a través de interrogatorio personal.

Corresponde al prestador determinar la vía para obtener el resarcimiento por perjuicios en conexiones fraudulentas.

Las regalías se destinaron para incentivar la producción de municipios en cuyos territorios se exploten los recursos naturales no renovables o donde haya puertos marítimos y fluviales por donde se transporten.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra los nueve artículos de la Ley 2181 del 2021.

Para el actor, la norma quebranta el principio de igualdad, el de unidad material y el derecho al debido proceso.

Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad del auditor interno no pueden ser nombrados ni elegidos para cargo alguno.

Exigir pruebas que resultan desproporcionadas e irrazonables vulnera derechos fundamentales del menor.

Las sociedades extranjeras titulares de sucursales constituidas en Colombia son responsables por las obligaciones contraídas en el país.

El asegurador debe hacer entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías.

La UGPP presentó los parámetros para adelantar las labores de fiscalización a los beneficiario, a través de la Resolución 650.

Frente a la pensión de invalidez debe aplicarse la norma vigente para la fecha de consolidación de la situación que origina la prestación.

El Ministerio Público conceptuó sobre disposiciones que desconocen el principio de responsabilidad personal, al contemplar sanciones para los propietarios de automóviles.

Se establece una tasa social de descuento del 9 % efectiva anual.

La exoneración del pago del impuesto al patrimonio se aplica a las entidades que al momento de su causación tengan aprobado acuerdo de reestructuración o de reorganización.

Si lo prefiere, el contribuyente puede descargar la factura y pagar presencialmente en entidades o medios autorizados.

La exclusión de la profesión procede cuando se determina que es una sanción necesaria y proporcional a la gravedad de las conductas por parte del investigado.

Se tuvo en cuenta que la multa se encuentra dentro del máximo legal permitido y su recurrencia en la falta.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo se ostenta está posición respecto al deber de cuidado de un bien jurídico protegido.

Es potestad exclusiva del Congreso de la República fijar, entre otros elementos del tributo, las tarifas.

Los posibles imperfectos deben manifestarse antes de firmar la guía o realizar las anotaciones correspondientes.

La accionante considera que hay vulneración del derecho a la igualdad de los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia del artículo 714 del Estatuto Tributario.

Se presenta una falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado cuando de la conducta del disciplinado configura una presunta estafa.

Con el sello "Segunda Oportunidad" se identificarán las empresas que incorporen dentro de su planta laboral a por lo menos un trabajador que haya sido privado de su libertad.

Con esta medida se podrán aprobar operaciones de redescuento de hasta $ 4 billones con plazos de amortización de 12 años.

Según el accionante, la norma cuestionada desconoce los principios de legalidad y de tipicidad de los delitos.

Los concejales son servidores de elección popular directa que no tienen la calidad de empleados públicos.

La información de la huella balística de todas las armas de fuego con permiso de tenencia y porte ayudará en determinado momento en una investigación judicial de carácter penal.

Según el demandante, la garantía de doble conformidad para altos funcionarios vulnera el principio de igualdad.

Los infractores no suministraron a los consumidores información clara, oportuna y suficiente frente a las restricciones y limitaciones.

Los accionantes consideraron que algunos artículos de la Ley 35 de 1989 desconocen el principio de legalidad y el de culpabilidad.

El conductor es aquella persona habilitada y con capacidad técnica y teórica para operar un vehículo.

El objetivo es impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró las obligaciones de las entidades administradoras de pensiones respecto de sus afiliados.

La Ley 2207 deroga los artículos 5 y 6 del Decreto 491, por lo que se normalizan las respuestas de dichos recursos.

Mintrabajo ordenó adicionar la nueva normativa al Decreto 1072/15, único reglamentario del sector Trabajo.

De acuerdo con la Ley 1123 del 2007, no es posible desistir de los procesos disciplinarios, así el quejoso y el disciplinado hayan llegado a un acuerdo conciliatorio.

Demandan prohibición para inscribir candidaturas en caso de haber sido avalado previamente por partidos políticos.

Al estudiar una acción de tutela, la Corte Constitucional precisó las subreglas para aplicar enfoque de género en casos de violencia intrafamiliar.

La entidad percibe unos ingresos que a la luz del artículo 26 del Estatuto Tributario son susceptibles de producir un incremento neto en su patrimonio.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que garantiza la vigencia permanente de las normas sobre justicia digital.

El reconocimiento de honorarios a los concejales está supeditado constitucional y legalmente a la asistencia comprobada a las sesiones.

La emisión de acciones por parte de una sociedad, independientemente del tipo societario, lleva implícita la titularidad de ellas.

La marca de certificación busca generar incentivos para la formalización y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

Los rembolsos efectuados por un banco a sus clientes o el pago realizado a establecimientos comerciales por concepto de siniestros por fraudes con tarjetas débito y crédito se tratan contablemente como gasto.

Las ARL serán las encargadas de capacitar y asesorar a sus afiliados frente a las modificaciones.

El requisito de convivencia no se descarta por la sola separación de cuerpos de los cónyuges, especialmente si el beneficiario ha sido sometido a maltrato físico o sicológico.

Los demandantes indican que la multa por rechazo del recurso vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

El consumidor de vivienda puede ejercer la acción de responsabilidad solidaria, generada por garantías legales y la protección por producto defectuoso.

Ya son tres las acciones de inconstitucionalidad que admite la Corte Constitucional en contra de la Ley 2197 del 2022.

Los consumidores no pueden estar condenados a soportar de manera indefinida la prestación del servicio técnico.

La suscripción de acuerdos implica el reconocimiento de una deuda por parte del suscriptor y/o usuario y el surgimiento de un nuevo título ejecutivo.

Con la normativa se crea una unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y adolescencia.

Mientras se mantengan en ejercicio activo, deben actualizar sus conocimientos, en especial para aquellos servicios requeridos por el bien común.

La obligación deberán cumplirla los usuarios aduaneros que contraten los servicios de agenciamiento aduanero, sean personas naturales o jurídicas.

Antes de autorizar la desvinculación del sistema educativo de un menor de edad se deben tramitar ante las autoridades los auxilios para que continúe sus estudios formales.

En el caso de inversiones agregadas, una misma recomendación puede comprender todas las demás operaciones asociadas a la consecución de un único fin.

El Consejo de Estado explicó la acreditación del daño antijurídico por indebida identificación e individualización del procesado.

Los vigilados tendrán plazo hasta el 31 de agosto para realizar su contribución vigente al 2022.

Podrá ser docente e investigador en una entidad educativa del sector público en la modalidad de hora cátedra.

El comercio al por mayor y al por menor, entre las actividades económicas que más contribuyeron en el crecimiento trimestral.

Según la Corte Constitucional, repetir el mismo grado por segunda vez en la misma institución puede perjudicar el proceso formativo.

Resolvemos esta y otras preguntas hechas por los jurados de votación designados para las votaciones del 29 de mayo.

Consejo de Estado precisó los efectos del endoso en propiedad del documento de transporte de conocimiento de embarque.

Vulneran derecho al debido proceso al improbar diligencia de remate.

Consejo de Estado exhortó al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil para evitar la trashumancia y que parientes del candidato sean jurados de votación.

El Consejo de Estado analiza el cumplimiento de los presupuestos legales que se exigían para la imposición de medida privativa de la libertad.

Lo contrario sería afectar la integridad de la obra, así como ejercer censura.

El incumplimiento deriva de la insatisfacción del pago en el tiempo debido, la mora exige adicionalmente la concurrencia de culpabilidad del deudor.

La Universidad de Salamanca (España) y el Instituto Internacional de Derecho Administrativo celebrarán, los días 8, 9 y 10 de junio, las II Jornadas internacionales de Derecho Administrativo.

Si la licencia es de servicio público, tendrá una vigencia de tres años para conductores menores de 60 años y de 1 año para mayores de esa edad.

Con esto disminuyó las amortizaciones de TES UVR 2023 a $ 2.6 billones, reduciendo el riesgo de refinanciamiento.

El tiempo que dure la licencia por enfermedad o por maternidad y/o paternidad es computable como tiempo de servicio activo.

La Corte declaró constitucional el financiamiento del presupuesto máximo que transfiere la ADRES.

También se informó la rentabilidad de abril a tener en cuenta en el traslado de recursos pensionales.

Se declara infundada la oposición cuando no se prueba la existencia de una marca previamente registrada o solicitada en otro país miembro.

Tampoco resulta relevante para la discusión sobre la legalidad si se cumplió con la obligación estatutaria de publicar el acto acusado, o que no se dio a conocer el acto de posesión.

El consumidor tendría derecho a que el empresario ponga a su disposición el bien por un precio considerablemente inferior al del mercado.

Una aseguradora deberá reintegrar el costo de una cirugía hecha a un menor.

Recuerdan que efectos de fallos de tutela son interpartes.

Dentro del pliego debe estar consignada la descripción de las conductas censuradas, los deberes y/o prohibiciones presuntamente quebrantados, la modalidad y forma de culpabilidad.

Se establece la tasa promedio de cambio del dólar y del euro para el segundo cuatrimestre del 2022.

La Resolución 3777 del 2003 define el concepto de vidrios polarizados u oscurecidos y fija los parámetros de tránsito.

Resulta impropio afirmar que por la vía jurisprudencial se puedan establecer nuevas causales de invalidez de las cláusulas compromisorias o modificarse el régimen de nulidades previamente existente.

Para su configuración, el servidor público debe estar consciente de que su actuar es típico y que la ley le impone el deber de actuar; no obstante, decide no hacerlo.

Rendimiento mínimo anual del 3,21 % por préstamos otorgados por las sociedades a sus socios o accionistas, o estos a la sociedad, es una de las modificaciones decretadas.

Capacitación en nociones básicas dependerá de lo que prevea cada establecimiento educativo en su PEI.

La Comisión de Disciplina Judicial revocó la terminación anticipada en una investigación disciplinaria contra un abogado.

Mincomercio fijó los recursos del apoyo temporal para los afectados de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La protección incluye no solo el traslado, sino la actividad diligente que minimice la exposición de la persona a la contingencia.

La Corte resolvió si en la norma demandada el legislador desconoció el principio de unidad de materia.

La función registral es un servicio público, cuyo destinatario es la sociedad en su conjunto, la cual se encuentra interesada en conocer la situación jurídica real de los inmuebles.

Hasta 70.000 personas podrán sufragar en una mesa de votación durante la jornada electoral.

Terceros pueden dedicarse a esa actividad, siempre y cuando sea con recursos propios y no haya captación ilegal de dineros del público.

La variación mensual del IPC para abril fue de 1,25 %

La Delegatura de Datos Personales también abrió investigación por recolectar datos personales sin la debida autorización.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, el reporte se debe efectuar en un plazo máximo de 18 meses.

Por limitar la participación plural de proponentes en procesos de selección pública para la venta de motos, fue sancionada con multa superior a $ 2.000 millones.

La figura de verificación del cumplimiento de un fallo de acción popular no comparte características similares a las de los auxiliares de la justicia.

El alto tribunal constitucional explicó cuándo no se incurre en el delito de ayuda al suicidio.

Es obligación constitucional darles un trato preferencial previo a nombrar a quienes superaron el concurso de méritos.

EPS, clínica y médico deben indemnizar a la familia de un hombre que murió tras un diagnóstico de apendicitis.

Aunque no se pacte fórmula de reajuste procede su reconocimiento judicial, si se prueba la variación de precios y el efecto en la estructura de costos.

El Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento a la Sentencia SU-067, dio a conocer el cronograma completo de la convocatoria.

El demandante debe indicar en qué consiste y demostrar el daño, la imputación fáctica y jurídica frente al Estado.

La normativa plantea una actualización integral, teniendo en cuenta que la última fue aprobada a través del Documento CONPES 3744 del 2013.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la censura contra el jurista que abandono sus deberes.

Este tipo de iniciativas nos permite sumar esfuerzos para desmitificar las ideas sobre las brechas de acceso a los mecanismos de resolución de conflictos.

El recaudo ya no estará a cargo de la empresa transportadora, sino que lo efectuará la Gobernación.

Sin embargo, se debe instruir al alumno para estar en alerta permanente y evitar accidentes viales.

El Consejo de Estado recuerda que la acción popular se caracteriza por ser autónoma, dado que su objeto es la protección de derechos colectivos.

No existe vacío normativo y, por ende, se descarta de plano la posibilidad de aplicar una norma tributaria por analogía.

La nueva demanda de inconstitucionalidad ataca el artículo 132 de la Ley 2159 del 2021.

Es necesario que se mantengan a los empleados las condiciones salariales y prestacionales de su vinculación inicial.

La Ley 2202 ordena a las entidades financieras ofrecer líneas de crédito para comprar o mejorar la vivienda de los colombianos residentes en el exterior.

En estos contratos la obra es vista como un todo (como algo indivisible) que debe ser culminada con los recursos que se estimaron desde el inicio.

Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo.

La falta de autorización de gastos rembolsables para desplazamiento no puede llevar a una persona a prescindir de su esquema de seguridad.

Se determinó si procede modificar la declaración de renta con base en el cambio de método de precios de transferencia.

Las instituciones educativas deben propender por la prestación del servicio en igualdad de condiciones para todos los educandos.

Recordemos que la Ley 2094/21 modificó el Código General Disciplinario para ajustar el ordenamiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la destitución de Gustavo Petro.

Podrá destinarse para la construcción, mejoramiento y acondicionamiento de salones o casetas comunales.

El documento desarrolla lineamientos y buenas prácticas contractuales para determinar el tratamiento jurídico de estos activos.

Los parientes civiles tienen vocación hereditaria y excluirlos de las consecuencias de la indignidad sucesoral desatiende el parámetro de igualdad familiar.

La Corte protegió el derecho fundamental al debido proceso en un caso de régimen de visitas de un menor que presuntamente fue víctima de abuso sexual.

La inclusión de estos valores originados en la compra de electrodomésticos, seguros y otros conceptos se da por expresa voluntad del usuario.

No puede existir en el orden jurídico una normativa que contemple la pena de prisión perpetua dentro de su articulado, porque se encuentra proscrita.

La Sala Plena instó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional para que fijen con la mayor prontitud el nuevo cronograma de actividades del concurso.

Es un término acuñado en el siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles.

La Sala Plena se pronunció sobre los derechos al acceso efectivo a la administración de justicia y a la propiedad.

Será necesario acudir a la convocatoria del concurso de méritos para efectos de aclarar las condiciones y darle cumplimiento.

Su contabilización se hará según lo establecido en el marco de información financiera en el que haya sido clasificada la entidad.

Para la jornada del 29 de mayo fueron elegidos más de 700 mil ciudadanos.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra unos apartes del Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

Las disposiciones referentes a la rescisión por causa de lesión enorme no son incompatibles con la naturaleza del contrato de permuta.

Se refieren al acto o documento mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero específico aplicable a las mercancías.

Sala Laboral precisa la postura sobre el requisito de fidelidad para condenar a los intereses moratorios a la pasiva por el no reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

El arrendatario deberá determinar en cada caso particular el momento en el que se causa el IVA.

Bonos vinculados al desempeño sostenible, créditos a deudores con obligaciones castigadas y creación de la proforma F.1000-145 son las nuevas órdenes de la superintendencia.

Las causales de agravación contenidas en el artículo 104 del Código Penal aplican jurídicamente al homicidio preterintencional.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado puntualizó el trámite de solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica.

Los trabajadores que estén bajo esta medida deberán, en lo posible, estar bajo los lineamientos de teletrabajo, trabajo en casa o vacaciones, entre otros.

La entidad de manera potestativa podrá tomar como base el aumento establecido por el Gobierno Nacional para el salario mínimo.

Estos son el alcance y los componentes del tipo penal.

Revocatoria del acto que modifica una situación jurídica particular requiere consentimiento del titular.

Cuando un profesional asume una representación judicial le asiste el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados.

Uno de los componentes fundamentales del modelo de Estado social y democrático de derecho colombiano está en el derecho de los ciudadanos a ser elegidos en cargos sometidos al voto popular.

La Corte Constitucional explicó la figura de la declaratoria de imposibilidad del reintegro y la consecuente indemnización compensatoria.

Condiciones básicas que deben reunir las decisiones judiciales para justificar el principio del interés superior del menor.

Se incluyen los precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de mayo.

Juntas regionales de calificación de invalidez tendrán la obligación de pronunciarse sobre el nexo causal entre el estado de invalidez y los hechos del conflicto armado.

Se incluye el permiso por protección temporal como documento válido de identificación de los migrantes venezolanos en los sistemas de información del sistema de protección social.

Esta será la línea técnica a las entidades territoriales para la formulación y actualización de sus políticas de envejecimiento y vejez.

Explica el Consejo de Estado cuáles se encuentran exoneradas del impuesto al patrimonio.

Dentro de las funciones del administrador está la de llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio o conjunto.

Según el reporte, Colombia reportó una de las inflaciones más altas desde junio del 2000.

La norma no exige requisito alguno en cuanto a la formación académica o profesional del representante.

La garantía mínima de calidad e idoneidad consiste en la posibilidad real de disfrutar del bien o servicio y satisfacer las necesidades del consumidor.

Desconocimiento de prestaciones a empleados transitorios es contrario a los principios rectores de las relaciones laborales.

Las CAR y los departamentos pueden destinar recursos que permitan financiar acciones por parte de los municipios.

Actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deberán garantizar disponibilidad suficiente para atender gastos.

Una vez superada la causa que dio lugar a la interrupción del suministro, procede su reconexión y el consecuente pago.

La Corte Constitucional resolvió 28 demandas que se presentaron contra el artículo 124 de la Ley 2159 del 2021.

Mantener a los familiares en la incertidumbre sobre el paradero de su familiar constituyó una violación de sus derechos: Corte Constitucional.

La unificación de los sujetos obligados a inscribirse en el RUT obligó a modificar el Decreto 1625/16, único reglamentario en materia Tributaria.

La comunicación indica que las propiedades horizontales deben presentar información exógena, y les solicita entregar certificados de tradición y libertad.

Con estas nuevas medidas ya no será necesario el cierre de las instituciones educativas cuando se presenten casos de COVID-19.

En los edificios o conjuntos de uso residencial será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal.

La vida media ponderada del portafolio de deuda local se extiende de 8,97 a 9,08 años.

Buscan remunerar los costos en que incurren los prestadores cuando conectan por primera vez los inmuebles de los usuarios a sus redes.

Los entes territoriales deben garantizar el suministro adecuado de alimentos a las personas que se encuentran detenidas en centros de detención transitoria.

El Emisor indica que las expectativas de inflación se incrementaron a 7 % para 2022, mientras que para 2023 son de 4 %, para un horizonte de 24 meses de 3,7 %.

Se contempla construir nueve centros de reclusión, que crearían 9.805 nuevos cupos, entre 2022 y 2026.

No se trata de un empleado de la entidad oficial, sino de un auxiliar de la administración.

Los responsables definidos en la Resolución 167/21 deberán generar desde el primer día de agosto el documento cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos.

La Sala Penal explicó las diferencias entre las conductas a partir de un caso contra un investigador que alteró un documento sobre interceptaciones.

La judicatura se realizará bajo tres modalidades: ad-honorem, en el desempeño de cargos remunerado y en el ejercicio de la profesión.

Estas reservas, a su vez, pueden apropiarse para el mantenimiento, reparación, construcción o fabricación de bienes comunes, esenciales o no.

La Corte Constitucional precisa si procede en estos casos la acción de tutela o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El proceso de extradición de ‘Otoniel’ lo inició el Gobierno de inmediato y en este momento se encuentra en el Catam para su envío a EE UU.

Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha del retiro del cargo.

Resulta ilógico que una vez finalizada la relación laboral se condene al trabajador a recibir un vestido de labor que no necesita.

Más de 2,5 millones de colombianos serán elegidos para prestar su servicio durante las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

El código QR obedeció a una medida excepcional y transitoria para atender la emergencia sanitaria, la cual no está vigente.

Explica la Corte cuándo se tiene derecho al reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes prevista en el Régimen General de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993.

Si el contribuyente presenta la declaración en debida forma, pero no cumple con el pago de la misma, deberá adelantarse el proceso de cobro.

Designación mediante encargo no afecta ni genera la modificación de la nómina y está dentro de la aplicación de normas de carrera administrativa.

Precisan cuáles conceptos deben incluirse en el IBC de aportes al sistema de seguridad social.

Es potestad de quien concede revisar si proceden y, en todo caso, adoptar medidas para no afectar los derechos fundamentales del empleado.