Hace dos semanas, el Gobierno radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que amplía por un año el desmonte del gravamen.
Los miembros de las juntas directivas serían elegidos para un periodo institucional de cuatro años y podrían ser reelegidos sucesivamente de manera indefinida.
El Estado tiene la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y ampliar su cobertura progresivamente a todos los habitantes.
A más tardar el próximo 9 de diciembre, se le podrá solicitar al CNE hasta un 80 % de anticipo de la financiación estatal de las consultas o campañas electorales.
Procuradores delegados deben poner en conocimiento del Ministerio Público los requerimientos radicados en centros de servicios judiciales y juzgados civiles.
Aunque cualquier medio probatorio es válido para demostrar el perjuicio, el juez debe cuantificarlo de acuerdo a su arbitrio, indicó la Corte Constitucional.
Las autoridades deben adoptar medidas de protección que pongan en conocimiento amenazas en su contra, y en donde la reacción debe ser inmediata y prioritaria.
Dentro de ellos, están los usados por pacientes con hemofilia, gastritis, colesterol, epilepsia, diabetes, Alzheimer, trasplantes y algunas enfermedades huérfanas.
El Gobierno anunció que se eliminarán las excepciones que les permiten a municipios o curadores autorizar a los constructores para que ellos mismos controlen la ejecución de las obras.
Entre otros, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no considera necesario un nuevo testimonio del general (R) Rafael Samudio, entonces comandante del Ejército.
El organismo de tránsito requerirá al usuario la presentación de la denuncia instaurada ante la autoridad respectiva y la certificación correspondiente.
Los ciudadanos que estaban en las direcciones de los partidos cuando entró en vigencia la Ley 1475 no podían prever que esa posición podía enervar su aspiración electoral.
La decisión debe respetar el principio de confianza legítima, pues se ha creado una expectativa en quienes derivan su fuente de ingresos de esta labor.
El pago anticipado del arancel hace más gravoso el acceso efectivo y material a la administración y puede desincentivar las pretensiones verdaderamente justas.
Adicionalmente, la corporación amplió el plazo para evaluación de gestión de magistrados de tribunales y consejos seccionales durante período 2011 – 2012.
Si el proyecto es relevante porque genera impactos negativos, la Superintendencia debe rendir su concepto, para advertirle esta circunstancia a la autoridad de regulación.
El Ejecutivo recordó que el artículo 2° de la Ley 4ª de 1992 consagra como principios fundantes del sistema salarial el respeto a los derechos adquiridos.