La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare condicionalmente exequible la norma que autoriza que otros hechos producidos en torno a los servicios que presta el Invima, a pesar de no estar enunciados expresamente en la ley, puedan ser generadores de la tasa que cobra la entidad (literal e) del artículo 4º de la Ley 399 de 1997). Para el Ministerio Público, la norma debe declararse como ajustada a la Constitución, pero en el entendido de que hechos generadores de la obligación que no están señalados con certeza deben ser propios de la vigilancia sanitaria y el control de calidad de bienes y productos que tienen potencial impacto en la salud individual y colectiva. La ponencia será proyectada por la magistrada María Victoria Calle.