El Consejo Superior de la Judicatura informó que, a partir del 1º de noviembre, entrará en vigencia la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial. Esta herramienta obliga a los países firmantes a establecer una autoridad responsable de las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante y de darles curso posterior, sin que sea necesario un nuevo trámite para legalizar el procedimiento. Dicho organismo expedirá una certificación que describa el cumplimiento de la petición, donde indicará la forma, el lugar y la fecha, así como la persona a la que el documento haya sido remitido. El tratado autoriza a que las autoridades diplomáticas adelanten la notificación a las personas que se encuentren en el extranjero y establece una vigencia de cinco años, sin perjuicio de que cada país pueda hacer valer condiciones ya existentes en su legislación a nivel interno.