A raíz de la desaparición forzada, tortura y posterior muerte de un sociólogo producida en el contexto del rompimiento de los diálogos de paz que se adelantaban en 1984, el Consejo de Estado adoptó medidas especiales de reparación para sus seres queridos y solicitó investigar penal y disciplinariamente a los militares responsables de la actuación. En la providencia concluyó que, frente a este tipo de delitos atroces, deben aplicarse principios de buena fe y favor debilis, que suponen la flexibilización en el rigor probatorio que demuestre el daño y su cuantía, a fin de garantizar la reparación integral a la que tienen derechos los afectados. Ello porque se trata de eventualidades cuya naturaleza dificulta en forma notoria el ejercicio probatorio, sobre todo si las autoridades no facilitan esta tarea, sino que buscan entorpecerla deliberadamente, cuando el perjuicio es causado por un agente estatal. Frente a la reparación integral, ordenó al Ejército elaborar un documental televisivo en el que se explique cómo se cometió el delito y se recoja la situación vivida por sus familiares desde entonces, que deberá ser transmitido en salas de cine de todo el país, colegios y universidades (C. P. Stella Conto).