La configuración del delito de prevaricato por acción exige que el servidor público en ejercicio de sus funciones emita la resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que la resolución no es solo la providencia proferida por autoridad judicial, sino también por funcionario administrativo, pues lo importante es que el empleado oficial decida algo. Adicionalmente, es necesario que exista una contradicción evidente e inequívoca entre lo resuelto y lo que ordena la norma, añadió la corporación (M. P. Fernando Castro).