Presentan estudio sobre uso de prisión preventiva

En Colombia, son varios los mecanismos de presión ejercidos en contra de los funcionarios judiciales al tomar decisiones sobre detenciones preventivas, tales como la coacción de medios de comunicación, la amenaza de sanciones disciplinarias o penales, las relaciones entre funcionarios y la actuación de grupos al margen de la ley frente a las estructuras judiciales.

Así lo señala el estudio Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada: los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, coordinado por el Due Process of Law Foundaton (DPLF), y en cuya elaboración participó el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) para la descripción de cada uno de estos factores.

En tal sentido, el informe busca exponer las debilidades institucionales con las que se enfrentan los funcionarios judiciales en relación con las decisiones que han de tomar acerca de la prisión preventiva, no sin antes advertir las dificultades de este estudio para el acceso a la información.

Una de las conclusiones a las que llega la investigación apunta a que el uso amplio de la prisión preventiva se ha transformado en una política pública no escrita. A la vez, y en casos específicos, operan presiones que conducen a su aplicación arbitraria, sobre todo en procesos judiciales con atención mediática o en los que intervienen personas con poder político o económico.

Por lo tanto, “el uso desmedido de la prisión preventiva tiene raíces en una cultura judicial punitivista y es alentado por la falta de políticas judiciales favorables al ejercicio independiente de la judicatura”.

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