La Contraloría de Bogotá envió una advertencia fiscal al alcalde Gustavo Petro relacionada con las falencias en la implementación del sistema integrado de transporte público (Sitp) y el inminente riesgo de afectación en los intereses patrimoniales, pues la ciudad tuvo que asumir $ 180.270 millones de los costos de operación, es decir, el 76 % aproximadamente. Según el jefe de la cartera, Diego Ardila, los costos son mayores que los ingresos y esto pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Aunque existen problemáticas con la implementación de rutas, servicios troncales, rutas zonales, insuficiencia de vehículos, chatarrización y medio único de pago, las persistentes fallas en la divulgación y difusión del sistema sigue siendo una de las mayores inconformidades, situación que se evidencia en que el 94 % de las 32.199 quejas de los usuarios corresponden a falta de información sobre el uso del servicio, localización de paraderos, recorridos y frecuencia de las rutas, entre otros.