La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que el principio in dubio pro reo no puede ser un justo título de la privación de la libertad realizada por el Estado en el proceso penal, si este nunca pudo desvirtuar la inocencia de la persona. De esa manera, la víctima inocente no está en el deber jurídico de soportar el daño, es decir, verse privada de su libertad para salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria, cuando se excluye su responsabilidad definitivamente, señaló (C. P. Hernán Andrade).