La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 1625 del 2013, que derogó la Ley 128 de 1994 y expidió el nuevo Régimen para las Áreas Metropolitanas, al considerar que no vulnera ningún principio constitucional. Para el Ministerio Público, la disposición no desconoce el principio de descentralización y autonomía de las entidades territoriales ni vulnera el principio de reserva de ley orgánica respecto de las áreas metropolitanas.