El Consejo de Estado alertó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares por el déficit de protección laboral ante los riesgos de la prestación del servicio por parte de soldados conscriptos. Señaló que mientras unos militares ingresan voluntariamente y gozan de la debida protección salarial y prestacional, los otros lo hacen en cumplimiento de una imposición estatal, a cambio de solo algunas prestaciones que no pueden ser catalogadas como laborales. Con estos argumentos, la Sección Tercera condenó a la Nación por la pérdida de la audición que padeció un bachiller en una práctica de polígono, sufriendo además una mengua del 23 % en su capacidad laboral (C. P. Mauricio Fajardo).