La Procuraduría General de la Nación asignó competencias a sus delegados para intervenir en los procesos judiciales y administrativos establecidos en por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011). En lo que atañe a sus funciones preventivas, de vigilancia, control y defensa de los derechos humanos, asignó competencias a la delegadas de la Función Pública, Trabajo Social, Infancia y Adolescencia, Asuntos Civiles, Contratación Estatal, Hacienda Pública y Fuerzas Militares, entre otras. Frente a lo eminentemente preventivo y relativo a la gestión de control, facultó a varias de las oficinas ya señaladas e incluyó a las delegadas para Asuntos Civiles, de Trabajo y Seguridad Social, Ambientales, Penales y de Restitución de Tierras. La resolución también determina la asignación de funciones para delegadas en procesos civiles, de familia, penales, contencioso administrativos, entre otros.