La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que ordena que el servicio de transporte privado en aquellos eventos en los que no se utilicen equipos propios sea prestado mediante empresas de la órbita pública (inciso 2º del artículo 5° de la Ley 336 de 1996). Para el Ministerio Público, uno de los propósitos del legislador fue garantizar que en la prestación se protegieran derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y a la libertad de movimiento de los usuarios, prestadores del servicio y terceros, de ahí que se justifique la intervención estatal. La ponencia será presentada por el magistrado Nilson Pinilla.