La Procuraduría le pidió la Corte Constitucional que declare ajustada a la Carta Política la norma que permite que las reparaciones a víctimas que se tramiten dentro de los procesos penales de Justicia y Paz sean remitidas a las autoridades administrativas que hoy se ocupan de esta tarea (artículos 23, 23A y 40 de la Ley 1592 de 2012). El Ministerio Público sostuvo que el incidente de reparación integral previsto inicialmente en la Ley 975 del 2005 no ha arrojado la eficacia que se esperaba, de ahí que sea necesario remplazarlo por un modelo de reparación administrativa como este, que además no se agota en la indemnización económica. Así mismo, considera que la disposición genera una armonía normativa que garantiza derechos a la justicia, la verdad y la reparación y desestima que se viole el derecho a la igualdad por dar prioridad a víctimas de los más graves delitos de lesa humanidad. La norma autoriza que los incidentes de reparación iniciados en el marco de la Ley 975 sean remitidos a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. La ponencia será presentada por el magistrado Alberto Rojas.