Ante inminente condena, Estado anuncia nueva estrategia en caso del Palacio de Justicia

“La condena es inminente. La única manera de que no condenen al Estado colombiano es que las víctimas aparezcan”.

Así lo señaló Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al referirse al proceso que se adelanta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las desapariciones y torturas denunciadas durante la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985 (Caso 10.738, Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia).

La misión de la Agencia es atenuar los impactos negativos frente a una demanda cuyas pretensiones llegan a los 24 millones de dólares,  agregó la funcionaria, durante una rueda de prensa realizada este 17 de octubre.

Por ello, luego de revisar cada uno de los casos de las presuntas víctimas, el Estado se presentará con un cambio de lenguaje a la audiencia de alegatos y pruebas ante la Corte IDH que se realizará el próximo mes en Brasilia. 

“El Estado colombiano reconocerá la responsabilidad que deba reconocer en relación con  las pruebas que obran en el expediente”, manifestó Guillén.

De esta manera, la funcionaria reveló el cambio parcial de posición frente a la contestación de la demanda presentada en noviembre del 2012 por el entonces agente Rafael Nieto, quien puso en duda, entre otros hechos, las desapariciones denunciadas ante el Sistema Interamericano.

El nuevo agente del Estado es el abogado Julio Sampedro, quien forma parte de un equipo de expertos juristas integrado por Eduardo Cifuentes, Alexei Julio, Adelaida Ángel y Carlos Arturo Gómez Pavajeau.

Entre otros argumentos, el Estado expondrá que la mayoría de las víctimas recibieron indemnizaciones en virtud de decisiones de la jurisdicción interna.  Además, se espera que el Gobierno presente la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas) como una consecuencia de la nueva postura institucional frente a las responsabilidades y la reparación a los afectados por hechos violentos.

Sobre el auto del Consejo de Estado que reconoce la imprescriptibilidad de las acciones de reparación de las víctimas del Palacio de Justicia, Guillén señaló que abre un camino para que acudan a la jurisdicción interna, antes que a la internacional.

“El Estado no quiere que se asalte su buena fe”

Desde octubre del 2013, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asumió la tarea de guiar la estrategia del litigio internacional ante escenarios como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en los que tradicionalmente se desaprovechaba la oportunidad de llegar a acuerdos con los demandantes.

En otro de los casos que ocupa la atención de la Agencia, el de la Unión Patriótica, Adriana Guillén señaló que los esfuerzos se orientarán a lograr un acuerdo en el marco de la etapa de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Guillén precisó que “el Estado no quiere que se asalte su buena fe”, al recordar el caso de Mapiripán, en el que algunas personas indemnizadas no eran víctimas de los hechos en los que se declaró la responsabilidad internacional de Colombia.

De esta manera, reforzó su posición sobre el cambio de lenguaje institucional, en el sentido de aprovechar las oportunidades, para buscar acuerdos con los demandantes ante la justicia internacional y frenar las condenas contra la Nación.